¿Confusión en la cumbre?

Que ahora se presente un proyecto de reforma política que va a distraer al Congreso de su tarea prioritaria, esto es, sacar adelante las leyes y reformas constitucionales que, utilizando el mecanismo del fast track, deben aprobarse para que se implementen los acuerdos de paz, es un absurdo.

Y que se pretenda utilizar esa vía rápida para aprobar esa reforma es abusar de una facultad que se instauró únicamente para sacar adelante los asuntos relacionados con la paz.

Y que, para rematar, el presidente no esté de acuerdo con todos los puntos de la propuesta presentada por su ministro del Interior, es una inconsistencia inexplicable.

En efecto, según reportes de prensa, si bien el presidente apoya varios puntos de la reforma política, no comparte tres ejes fundamentales de ella.

Santos está de acuerdo con que se elimine la Vicepresidencia que les ha traído tantos dolores de cabeza a los presidentes, y se restaure la figura del designado, como existía antes. También está de acuerdo con que se amplíen a cinco años los períodos del presidente y de los jefes de los organismos de control y con que se elimine la posibilidad de que estos sean reelegidos, como ocurre ya con el presidente de la República. Le parece bien que, para abaratar los costos de las campañas y reducir la corrupción, el Estado las financie en un ciento por ciento. Y aprueba que se regrese a las listas cerradas para Congreso, de manera que no se vote por una persona sino por un partido. Esos puntos son positivos, indudablemente, pero no es el momento de presentarlos: al Gobierno apenas le faltan 18 meses y no puede dilapidar el poco capital político que le queda en esa discusión no prioritaria. Además, con esa reforma, tampoco se depurarían definitivamente las costumbres políticas. Y, en cambio, sí se distraería la atención del Congreso de su tarea fundamental.

Los puntos de la reforma en los que el presidente no está de acuerdo son: que se establezca el voto obligatorio, que se habilite para votar a los mayores de 16 años y que se permita que los ciudadanos propongan leyes prioritarias por la vía digital.

Ante la confusión que existe sobre quién propuso la reforma, uno se pregunta: ¿será que fue presentada por el ministro Cristo al Congreso sin consultársela al presidente? Si así fuera, Santos tendría que destituirlo. ¿O será que el presidente y el ministro apenas conversaron por encimita del tema y Cristo presentó el proyecto con “sus miquitos,” como dijo el presidente? Si así fuera, el presidente tendría que pensar en no delegar tanto las tareas de su gobierno, en microgerenciar un poco más, así con ello se pareciera a Uribe, quien prácticamente no dejaba actuar a sus subordinados (no obstante que ahora, ante los escándalos de corrupción de su gobierno, dice que de esos asuntos nada sabía), y en hacer que las cosas se hagan y no sólo se planeen. Porque Santos puede pasar a la historia como el gobernante que consiguió el milagro de la paz, y que además la consolidó de manera definitiva. Pero también puede ser recordado como el presidente que se empeñó en conseguir la paz pero que, al final, al no hacer que se cumplieran los compromisos del gobierno, le generó al país quizás la mayor frustración de su vida. Y eso sólo se evita si el presidente, ya, personalmente, toma las riendas de la situación, se le juega para que no haya más asesinatos de líderes sociales y vigila muy de cerca, y a diario, que cada uno los compromisos de La Habana se vuelvan realidad.

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