Por: Rodrigo Uprimny

¿Congresistas o notarios?

Algunos congresistas dicen que están en contra del referendo sobre adopción, pero que votarán a favor de convocarlo, por convicción democrática: consideran que deben permitir que el pueblo se pronuncie sobre el tema.

Esa actitud sería totalmente respetable en otro referendo, por ejemplo uno que decidiera si Colombia cambia su régimen unitario por uno federal. Ahí sería legítimo que un congresista dijera que está en contra del federalismo, pero que votará a favor de que se convoque el referendo para permitir el pronunciamiento ciudadano sobre este dilema difícil.

Pero este referendo sobre adopción es distinto pues es irracional, mentiroso, contrario a los intereses de los niños y profundamente discriminatorio. Los congresistas que no compartan esa propuesta no pueden entonces escudarse en que, a pesar de su discrepancia, van a permitir un pronunciamiento ciudadano, pues las iniciativas de referendo pasan por el Congreso para que los congresistas ejerzan un control político de que la iniciativa es compatible con la democracia y tiene un mínimo de razonabilidad. Y esto no sucede en este caso, al menos por cuatro razones.

Primero, porque la propuesta es irracional y está fundada en mentiras. La tesis de Morales es que el menor tiene derecho a ser adoptado por la mejor familia posible, que es la formada por parejas heterosexuales. Pero los sustentos de la senadora son mentirosos, pues se basan en desfiguraciones de los estudios sobre el tema, como lo denunció el propio profesor Pruett, uno de los tergiversados. Por el contrario, la evidencia científica abrumadora es que no hay diferencia significativa en el desarrollo psicosocial de los niños adoptados por parejas heterosexuales, por parejas del mismo sexo o por solteros, separados o viudos.

Segundo, porque la reforma afecta a los miles de niños sin familia en Colombia, pues los priva, sin razón, de la posibilidad de ser eventualmente adoptados por individuos o parejas homosexuales competentes.

Tercero, porque estigmatiza y discrimina a las parejas del mismo sexo y a las familias monoparentales, pues el mensaje es que la verdadera familia es la heterosexual y que las otras son remedos de familia.

Cuarto, porque de paso la propuesta discrimina a toda la población LGBT, pues, sin ninguna justificación, priva a las parejas del mismo sexo de la posibilidad de adoptar que tenemos las parejas heterosexuales.

Es entonces un referendo groseramente inconstitucional, pero los congresistas no deben pasarle la pelota a la Corte, ni limitarse a una labor notarial frente a esta iniciativa. Deben asumir su responsabilidad política y constitucional y parar esta insensatez, que no sólo tiene un costo económico alto, sino, sobre todo, un costo democrático enorme, pues abre la puerta a que las mayorías decidan de los derechos de minorías estigmatizadas, como ha sido la población LGBT. Algo tan injusto como que en los años 50 algún congresista fundamentalista católico hubiera aupado a las mayorías católicas para realizar un referendo que privara de la libertad de cultos a las otras iglesias, incluidas las evangélicas.

* Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.

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