Por: Javier Moreno

Contenidos ágiles y conocimiento libre

Gran parte de la llamada piratería de contenidos se alimenta de la renuencia de las empresas de producción y distribución de estos productos a aprovechar la infraestructura de comunicaciones disponible.

Si una obra puede ser digitalizada y distribuída en línea sin que ello afecte drásticamente su naturaleza no hay excusa para no hacerlo. Es más barato y más rápido. El almacenamiento y la distribución física de música, películas o libros son negocios-intermediarios prescindibles. Los libros de papel no tienen por qué desaparecer, pero es importante entender que el papel es una alternativa de lujo entre otras más ágiles, económicas y adecuadas a la realidad tecnológica. Cuando la industria establecida no ofrece alternativas digitales, otros (piratas o no) explotan con gusto la brecha abierta.

Ejemplo: Blockbuster se apegó tercamente por demasiado tiempo a sus locales azules de alquiler de películas y fue prácticamente aniquilado. Netflix, en cambio, pasó rápidamente de enviar DVDs por correo en calidad de préstamo a ofrecer streaming ilimitado de películas y series de televisión a través de Internet por una cuota mensual de menos de veinte mil pesos. Hoy se dan el lujo de distribuir en exclusiva series como House of Cards, una intriga política protagonizada por Kevin Spacey y co-dirigida por David Fincher que podría pararse entre Breaking Bad y Los Sopranos sin desentonar.

Ahora, si en lugar de libros o películas hablamos de información gubernamental, artículos académicos en el dominio público o resultados de investigaciones científicas (financiadas por lo general con plata proveniente de impuestos), lo natural sería no sólo que estuvieran disponibles en línea sino que su acceso fuera tan amplio como sea posible. El movimiento de acceso abierto promueve la liberación de ese tipo de documentos para que cualquiera con una conexión a Internet los pueda leer y estudiar. Nadie es perjudicado (salvo por aquellos que basan su poder en el desequilibrio informativo) y muchos podrían beneficiarse.

Quienes defendemos el acceso abierto no somos, como sugiere Carlos Granés en su columna de ayer, moralistas ingenuos ni pseudoanarquistas en plan vandálico. Nuestro propósito no es crear un nuevo orden social y económico basado en la gratuidad universal sino aprovechar las herramientas disponibles para diseminar información que merece una audiencia más amplia ya sea por razones políticas o de promoción de conocimiento. Instituciones como el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos lo tienen claro y exigen que los resultados de las investigaciones que financian sean publicados en revistas abiertas. Cada vez más científicos en todas las áreas entienden que no necesitan revistas de pago para divulgar o validar su trabajo. Archivos académicos como JSTOR (que no es “una plataforma de MIT”, por cierto) ahora liberan los artículos que pertenecen al dominio público. Asimismo, cada vez hay más datos y documentos gubernamentales en línea gracias en parte a la presión popular. Insinuar que estos esfuerzos son un atentado tiránico a “la libertad” o que de alguna manera ponen en riesgo la existencia de la ciencia o la cultura es por lo menos ignorante si no deshonesto.

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