Uno de los mayores flagelos que afecta a la economía colombiana es el contrabando, hoy en día convertido en devastadora modalidad que utilizan las organizaciones criminales para el lavado de activos. Sus consecuencias son reveladoras. Cada año le birla al Estado cerca de $2 billones en impuestos y priva de recursos a sectores sociales básicos como la salud y la educación. Es un delito que no respeta vidas ni empleos ni recursos fiscales, como lo advierte el ministro de Hacienda.
Las dañinas consecuencias del contrabando tienen en estado de máxima alerta al Gobierno Nacional, que tramita en el Senado y espera –a partir de la próxima semana– sacar adelante en el Congreso una ley, de dientes bien afilados, para castigar con penas severas a los responsables de esta sofisticada actividad delictiva, bastante diestros para eludir los controles aduaneros y afectar el orden socioeconómico.
El proyecto adopta instrumentos para intervenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, y espera su segundo debate en la plenaria de la Cámara Alta. Allí se discutirá un articulito propuesto por el senador Juan Manuel Galán, con la buena intención que requiere la urgencia de combatir las mafias criminales y la necesidad de taponarles a los delincuentes todos los espacios disponibles. El problema es que de ser aprobado con su redacción actual, les causará serios dolores de cabeza a los viajeros de los aeropuertos de entrada, especialmente a los de Eldorado de Bogotá.
Propone el senador Galán que todo viajero que llegue al país realice el control aduanero en el puerto o aeropuerto de arribo, incluso si tiene conexiones domésticas. La justificación es válida: evitar que los contrabandistas y lavadores se sigan saltando los controles aduaneros al momento de desplazarse a las otras ciudades del interior, y cerrar la vena rota de corrupción e impunidad que destruye sectores de la economía nacional.
Aunque la propuesta responde a una práctica utilizada en buena parte de los aeropuertos del mundo, su éxito radica en la disposición de una adecuada capacidad técnica, logística y operativa que facilita trámites, haciéndolos rápidos y eficientes. En Colombia, Eldorado, donde se moviliza el 80% de los pasajeros internacionales y el 45% de los nacionales, carece de la infraestructura y del soporte institucional apropiado para realizar bien la tarea. La propuesta de Galán desembocaría en un completo caos, con filas interminables de viajeros –muchos en tránsito– a la espera de adelantar un trámite aduanero que bien podría realizarse en el aeropuerto de destino final. El procedimiento actualmente se da, es discrecional, aleatorio y con previo perfilamiento en vuelo de los pasajeros.
La solución debe ser otra. Poner en cintura a los terminales regionales para que el control aduanero se asuma con autoridad, responsabilidad y tecnología del siglo XXI.
gsilvarivas@gmail.com