Corporativismo y parafiscales

EN UNA RECIENTE TERTULIA SE PUso en duda que en Colombia hubiera prevalecido un sistema económico liberal en buena parte del siglo XX.

Varios asistentes, Carlos Caballero entre ellos, sugirieron que desde los años cuarenta hasta el final del gobierno Barco, los gobiernos de Colombia adoptaron algunos de los rasgos de los regímenes autoritarios de los países de la Península Ibérica, los mismos que también fueron reproducidos, con variantes, en la Argentina de Perón. Fueron modelos corporativistas, en los cuales cogobernaban el Ejecutivo, los gremios y ciertos sindicatos controlados. En ese ambiente, el Congreso y, en general, la democracia representativa eran bastante secundarios.

Los acuerdos entre el Gobierno, gremios y sindicatos se producían a través de la “concertación”, un mecanismo de consulta, diálogo y negociación que aceptaba que existiera algún grado de cogobierno entre los participantes de esos acuerdos. A diferencia de las reglas democráticas de las mayorías, en la concertación se buscaba el consenso entre los pocos escogidos, y en ese ambiente cualquiera tenía poder de veto (de ahí, buena parte de la inmovilidad de las estructuras económicas de Colombia).

Y allí se repartían plata y poder. Los gremios, sus industrias y empresas escogidas recibían protección arancelaria y abundante crédito de fomento. Algunos ministros concertaron con la Andi y la SAC sus principales decisiones. El Gobierno participaba del Comité de Cafeteros, y el gerente de la Federación hacía parte del Conpes y el Consejo de Comercio Exterior. El salario mínimo se acordaba entre Gobierno, gremios y sindicatos.  Algunos ministros, sobre todo de Agricultura, representaban directa y abiertamente a los empresarios en el Gobierno (nunca a los consumidores).

Un elemento fundamental del modelo, que aún sobrevive, era el de los impuestos parafiscales. Se privatizaban algunos impuestos para que fueran administrados por un gremio o una mezcla de gremios y sindicatos, con alguna supervisión del Gobierno. La Federación recibía la contribución cafetera y otros tributos, y acometía algunos gastos de carácter estatal; las cajas de compensación recaudaban los impuestos a la nómina que eran manejados por empresarios y sindicalistas escogidos; el Sena y el ICBF recibían otros impuestos a la nómina y en su asignación y manejo, otra vez, intervenían empresarios y trabajadores. Las cámaras de comercio, gobernadas por juntas mixtas, también manejaban recursos públicos.

De esta forma, se aceptaba que una serie de recursos públicos no entrara al presupuesto de ingresos y gastos, junto con el resto de recursos del Estado, para que el Congreso dispusiera de ellos. El control fiscal y económico sobre los parafiscales era escaso. Se consideraba que éste era uno de los precios que había que pagar para solidificar ese peculiar esquema de gobierno (como ya se dijo, el sistema se terminaba de aceitar con protección y crédito de emisión y de fomento).

El golpe al corporativismo se dio, por fin, cuando se acabó la protección infinita, se desmontó el crédito de fomento y se estableció la independencia del Banco de la República; cuando se buscó profundizar la democracia y hacer que el Gobierno respondiera a sus electores y no a los selectos intereses de la “concertación”. Es claro, sin embargo, que la tarea no ha concluido.