Corrupción: nudo gordiano de todo

Arlene B. Tickner
15 de febrero de 2017 - 02:00 a. m.

La corrupción es una práctica generalizada en toda América Latina. Mientras que en la década de los 90, nueve presidentes enfrentaron juicios, renunciaron o fueron removidos por corruptos, en tan sólo los últimos dos años los mandatarios de Guatemala y Brasil tuvieron que abandonar sus cargos y varios otros se encuentran investigados. Pese a las reformas y los programas implementados, los recursos gastados y los convenios internacionales suscritos, la falta relativa de resultados en su combate es asombrosa. Todo lo contrario: en la medida en que se revelan nuevos escándalos, se ha vuelto común afirmar que este cáncer en el cuerpo latinoamericano ya hizo metástasis.

Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en 2016 el promedio entre los 176 países analizados fue de 43 sobre 100, lo cual refleja un problema endémico en el sector público alrededor del mundo. En las Américas, 19 países (incluyendo Colombia) se ubicaron por debajo, siendo Uruguay, Chile, Costa Rica y varios del Caribe angloparlante los únicos que puntuaron por encima de 50, que indica más limpio que corrupto. Asimismo, la mayoría se encontró en igual o peor estado en comparación con períodos anteriores.

Por más superficial que suene, es fácil apreciar que la corrupción constituye el nudo gordiano de casi todos los problemas transcendentales que aquejan a la región. Reduce el rendimiento económico de los países —en promedio puede representar un 3 % del PIB—, la efectividad de la tributación, el atractivo para la inversión extranjera y el espíritu empresarial, todo lo cual incide negativamente en la competitividad. En cuanto a los servicios estatales, aumenta el costo, reduce la calidad y demora la entrega de las obras públicas, restringe el acceso a la administración pública para quienes no estén dispuestos a pagar sobornos y afecta el gasto en sectores como la salud y la educación. La retroalimentación entre la corrupción, el crimen organizado y la violencia, sobre todo en los países productores, de tránsito o exportadores de drogas ilícitas, es la principal causa de la epidemia de inseguridad en la región, mientras que también existe una fuerte correlación con la desigualdad social.

Uno de los mayores costos de lo anterior es que el desencanto creciente con los políticos y el “sistema” corruptos está llevando al descrédito de las instituciones democráticas para atender las demandas ciudadanas, así como a la “normalización” de la corrupción. Pese a ello, escándalos recientes como Odebrecht y los Panama Papers han llevado a esfuerzos mayores de cooperación transnacional, a la vez que el aumento de las protestas populares en contra de esta plaga sugiere que la capacidad de asombro e indignación de las sociedades latinoamericanas puede estar creciendo.

Tratándose de un fenómeno que se ha globalizado, la corrupción ya no es sólo un asunto nacional, sino que debe integrar la agenda de política exterior de todos los países latinoamericanos, así como de instituciones como la OEA, Unasur, Mercosur y Celac, y asociaciones regionales de la sociedad civil, con miras a reforzar su combate colectivo.

* Profesora U. del Rosario.

 

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