Por: Alberto Donadio

Corruptus

No soy académico ni tengo maestrías o doctorados. Soy solamente un ciudadano y periodista que ha investigado y observado la corrupción desde hace más de 40 años. Me asombran las vaguedades de los Ph.D. consultados por la revista Semana sobre la crisis ética, que hablan de constante de vieja data, de sociedad desigual, de polarización, de impunidad moral y social, de debilidad institucional, de ética de la responsabilidad.

Soy concreto: en Colombia la corrupción en la administración pública existe porque quienes detentan el poder la estimulan o la toleran. ¿Quién nombró al fiscal anticorrupción sobornable? No fue la columna móvil Teófilo Forero de las Farc.

Otro ejemplo: en el 2011 el presidente Santos prometió que el Gobierno combatiría “unas verdaderas mafias que se están robando la plata de la salud de los colombianos” y a renglón seguido intervino a Saludcoop. En el 2012 Santos incluyó a Eduardo Montealegre en la terna para fiscal, pese a que era de público conocimiento que este sujeto recibió más de $4.000 millones en honorarios pagados por Saludcoop. ¿Quién es pues el último responsable de los contratos chimbos que Montealegre firmó a favor de Natalia Springer? Santos, el Nobel. El Nobel venal.

Y es el mismo Nobel venal el ulterior culpable de que Roberto Prieto, su mano derecha en la Fundación Buen Gobierno y en sus campañas presidenciales, se haya lucrado con los contratos oficiales por decenas de miles de millones de pesos que el gobierno Santos, incluida la Presidencia de la República, firmó con Marketmedios, la firma de la familia de Prieto. Roberto Prieto ya está condenado por la sentencia que Alberto Lleras Camargo profirió en 1958: “Ningún colombiano puede aspirar a enriquecerse ni prosperar sólo por la acción del Estado, a menos que tenga el pensamiento de robar a sus conciudadanos”.

En nuestro tiempo, la corrupción ha sido autorizada desde la cúspide del poder público por todos los partidos y por todos los gobiernos desde la administración López Michelsen en 1974. No se salva ningún presidente. Todos consienten o prohíjan los chanchullos y el peculado.

Extraña que los expertos consultados por Semana no mencionen la elección de alcaldes y gobernadores como causa eficiente de la corrupción desbordada de los últimos tres decenios. Esa elección no es popular sino “producto del fraude, la coacción, la compra de votos, la financiación ilegal”, según Jaime Castro, que promovió como ministro la votación directa. “La mayoría de las entidades territoriales están en mano de mafias políticas y clanes familiares”, agrega. También tiene razón Rudolf Hommes: “El Estado ha sido privatizado por la clase política para usufructuarlo, no solamente por los politiqueros tradicionales, los caciques y barones electorales de las regiones, sino por nuevos, de supuesta inclinación socialista, cristiana o la que sea”.

Los académicos tampoco mencionan cómo los gobiernos de los últimos 40 años se lucraron con las Farc. Mientras el pueblo colombiano padecía, angustiado e indefenso, el secuestro, la extorsión, la toma de pueblos, la voladura de oleoductos y el desplazamiento, quienes ejercían el poder legítimamente constituido se dedicaban a saquear el presupuesto a favor de sus recomendados, de sus camarillas, de sus familias, de sus movimientos políticos, de sus cuentas bancarias. Un saqueo que no cesa.

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