Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Corte Constitucional sin ambientalismo extremo

Los asuntos ambientales cada día toman mayor peso en la vida de los colombianos. Los impactos negativos de la reciente sequía y el temor a las próximas inundaciones deben conducir a mejorar la gestión pública y privada y sus acciones en pro del ambiente.

La Corte Constitucional aparece cada vez con mayor frecuencia y contundencia en el debate público ambiental. Dos sentencias recientes —una suspendiendo la minería en los páramos y otra validando la participación ciudadana para definir la viabilidad de actividades mineras en los municipios— tienen grandes implicaciones. Estas sentencias coinciden con lo que el Consejo Nacional de Planeación (CNP) había propuesto, en enero del 2015, al Departamento Nacional de Planeación como ajuste a las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND). Propuestas que no fueron atendidas.

El CNP propuso que, para mejorar la gestión de los efectos ambientales de la minería sobre la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la calidad de vida de los pobladores locales, se debe: (i) reformar el Código Minero y revisar el carácter de “interés público y beneficio social” de la actividad minera, para validar la participación ciudadana al definir opciones mineras en el territorio; (ii) reglamentar el Plan Nacional de Ordenamiento Minero (PNOM, 2014) con criterios de sostenibilidad social, económica y ambiental de largo plazo; (iii) requerir que todo proyecto minero presente, como parte de su estudio de impacto ambiental, un análisis costo-beneficio en el cual se comparen los beneficios económicos y sociales con los costos económicos, sociales y ambientales; (iv) restablecer la licencia ambiental para la fase de exploración de los proyectos mineros y para la fase de sísmica de los proyectos petroleros; (v) excluir del área sujeta a titulación minera todas las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua a los acueductos; (vi) ratificar la exclusión de la minería de los páramos, en todo el territorio nacional.

En febrero de 2016, la Corte Constitucional señaló que algunos artículos del PND iban en contra de la Constitución. Entre ellos el que permite la minería en los páramos. La sentencia dice que prevalece el derecho a un medioambiente sano sobre la titulación minera y el otorgamiento de licencias ambientales en los páramos, y niega el recurso de aclaración que interpuso la Agencia Nacional Minera pidiendo indemnizaciones para licencias previamente aprobadas. Adicionalmente, la Corte ratifica que ni títulos ni licencias previamente otorgados tienen vigencia. Antes del 2010 había 445 títulos otorgados en áreas de páramo con una extensión de 124.000 hectáreas. Y después del 2010, cuando el PND ya había prohibido la minería en los páramos, se otorgaron 60 nuevos títulos sobre cerca de 15.000 hectáreas.

En mayo de 2016, la Corte enfatizó el derecho de la ciudadanía, los Consejos municipales y las Alcaldías para participar en la decisión de permitir o no la actividad minera en sus territorios. Esto resulta especialmente relevante en la construcción de la paz, al evitar que haya una migración de conflictos socioambientales hacia zonas con potencial minero.

Para algunos, la Corte Constitucional parece parte del ambientalismo extremo; en realidad, sus sentencias defienden y reconocen derechos de todos los ciudadanos.

* Miembro Consejo Nacional de Planeación.

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