Por: Andreas Forer

Crímenes de lesa humanidad, violencia sexual e iniciativas legislativas desacertadas

Se aprobó en primer debate un proyecto de ley contra la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Dicha aprobación tuvo lugar el pasado martes ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

¿Cuáles son los objetivos trazados para tan importante iniciativa legislativa? Según la exposición de motivos, el proyecto pretende (i) armonizar la normatividad nacional con los estándares internacionales sobre violencia sexual, (ii) crear mecanismos que contribuyan a disminuir la impunidad en relación con tales delitos, y, (iii) implementar una serie de medidas afirmativas en favor de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Así las cosas, dado que nadie discute la importante necesidad de perseguir y sancionar de manera efectiva la violencia sexual que ha caracterizado el conflicto armado colombiano, los objetivos perseguidos con dicho proyecto de ley son loables máxime sí se tienen en cuenta las aberrantes cifras de impunidad en relación con la violencia sexual y la magnitud de tales crímenes en nuestro medio.

Sin embargo, vale la pena preguntarnos si más allá de los objetivos propuestos, los desarrollos contenidos en dicho proyecto son adecuados para alcanzar tales fines, y por esta vía, si dicho proyecto de ley constituye un verdadero avance en la materia.

Para alcanzar tan importantes objetivos, el proyecto establece, entre otras medidas, que:

(i) siempre que un funcionario advierta que investiga un delito que en el derecho internacional sea catalogable como de lesa humanidad, así lo reconocerá de manera explícita;
(ii) los funcionarios contarán con un acervo probatorio amplio y no atenderán únicamente a los dictámenes médicos que den cuenta de los rastros físicos que dejan tales crímenes;
(iii) se incluiran algunos delitos sexuales en el capítulo del derecho internacional humanitario, tales como, esclavitud sexual, trata de personas, esterilización forzada, respecto de personas protegidas;
(iv) se establecen ciertas medidas de protección y atención psicosocial, y, finalmente,
(v) se dispone la creación de un Sistema Único de Información sobre violencia sexual.

En mi opinión, tal como ocurre frecuentemente en Colombia, las leyes son ricas y claras en objetivos, mientras que pobres y confusas al establecer las medidas para alcanzarlos. Es decir, aparte de enriquecer el catálogo de delitos en contra del derecho internacional humanitario – lo cual resulta positivo-, lo cierto es que tales medidas no son adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos.

Es preciso resaltar que los obstáculos para la efectiva persecución judicial de la violencia sexual no son propiamente jurídicos y, por lo tanto, no necesariamente se resuelven con la expedición de nuevas leyes. Existen otros factores que obstaculizan dicho propósito y que tienen que ver con la carencia de estrategias de investigación apropiadas para este tipo de casos e interiorización de la perspectiva diferencial en el actuar de los funcionarios, entre otros. Tales obstáculos no se superan con la simple expedición de una ley.

De otra parte, el simple reconocimiento del carácter de lesa humanidad de la violencia sexual en las decisiones judiciales no contribuye a reducir los niveles de impunidad en la persecución de tales delitos. Es más, el mero reconocimiento del carácter de lesa humanidad constituye un retroceso en tanto desconoce los pronunciamientos que sobre tales delitos ha proferido la Corte Suprema de Justicia, en particular, en la sentencia de 3 de agosto de 2011.

Lo anterior sin contar con las equivocas referencias a los delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto armado a manera de “crímenes de lesa humanidad en la guerra” las cuales, en mi opinión, generarán mayores confusiones entre los funcionarios judiciales encargados de la aplicación de tales categorías y traumatismos innecesarios en los procesos en los que se investiguen casos de violencia sexual. En consecuencia, se obstaculizará aún más la persecución judicial de la violencia sexual.

En fin, si en verdad Colombia quiere armonizar su legislación con los estándares internacionales en la materia y viabilizar la persecución judicial de la violencia sexual como delito de lesa humanidad, es necesario comenzar por la incorporación de la categoría de crímenes de lesa humanidad en toda su extensión, tal como está previsto en los instrumentos de derecho penal internacional.

Por último, es preciso resaltar que el artículo 26 del mencionado proyecto se titula “reglas especiales para el trámite del incidente de reparación integral en los casos de violencia sexual con ocasión del conflicto armado bajo el procedimiento de la ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz)” y en su contenido se establece expresamente que la decisión que ponga fin a tal incidente podrá contener medidas de indemnización, restitución, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición.

Dicha disposición contrasta con la recientemente aprobada reforma a la ley de Justicia y Paz mediante la cual se sustituyó el “incidente de reparación integral” por el “incidente de identificación de las afectaciones causadas a las víctimas”, entelequia jurídica que tuvo por objeto simplemente excluir la reparación del dicho procedimiento y remitirla a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Así las cosas, me pregunto ¿Si la referencia al incidente de reparación integral en el proyecto de ley fue accidental o deliberadamente se pretende revivir dicho incidente únicamente para los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado?

Adenda: Ayer se celebró el día mundial de la impunidad y mañana se celebrará el día internacional de la no violencia contra las mujeres. Fin de semana propicio para que las autoridades nacionales reflexionen sobre las estrategias de persecución judicial, especialmente en relación con las graves violaciones a derechos humanos en casos de violencia sexual y basada en género.

En Twitter: @andreasforer

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