Crisis carcelaria

Una valiente y bien fundamentada tutela de la jueza 56 penal del circuito de Bogotá puso el dedo en la llaga sobre la situación carcelaria del país, pues concluyó que en la cárcel Modelo de Bogotá existía un “estado de cosas inconstitucional” (ECI) y ordenó medidas fuertes para enfrentar la situación, entre las cuales, que no se podía recibir en ese centro carcelario más condenados o procesados.

La jueza, a partir de una solicitud de un interno, realizó una intensa labor probatoria y pidió conceptos sobre el tema a la Defensoría, la Procuraduría, Los Andes y Dejusticia, todo lo cual le permitió constatar las terribles condiciones de ese centro carcelario, que tiene un cupo de 2.850 personas pero alberga 7.230. Este intolerable hacinamiento de 153% no fue lo único que encontró; la jueza constató que los servicios de salud son precarios y las condiciones sanitarias terribles, por lo cual hay riesgos de incendios y de epidemias; que muchos internos tienen que dormir apiñados en los corredores, comer con las manos y lavar sus platos en los orinales. Pero hay más; es posible que existan fosas comunes por asesinatos cometidos por organizaciones criminales, por lo cual la jueza ordenó la intervención de la Fiscalía.

La situación de la Modelo es crítica, pero no es única: otros centros penitenciarios, como Bellavista o Villahermosa tienen hacinamientos peores. Y a nivel de todo el sistema carcelario, la situación es grave; la capacidad es de 75.500 cupos pero alberga 115.000 internos; el nivel de hacinamiento es entonces hoy considerablemente más alto al que existía en 1988, cuando la sentencia T-153 de ese año de la Corte Constitucional declaro el ECI en todas las cárceles del país.

A pesar de la gravedad de la situación, el Gobierno no ha tomado las medidas necesarias para enfrentarla. Es más, en cierta medida, la ha empeorado con algunas decisiones de política criminal, como el impulso de la Ley de Seguridad Ciudadana que creó nuevos delitos, agravó penas y limitó las posibilidades de libertades provisionales para muchos crímenes. Como resultado, el número de personas privadas de la libertad aumentó en 35.000 desde 2010, mientras los cupos crecieron solo en 15.000, con lo cual el hacinamiento pasó de 32% a 52%.

Muchos pensarán que estas horribles condiciones penitenciaras no deben preocuparnos pues consideran que quien está en la cárcel es porque se lo merece. Y entonces que sufran. O como dijo el entonces vicepresidente Francisco Santos, que se pudran en la cárcel. Pero eso es injusto, pues un preso tiene su libertad personal suspendida pero conserva plenamente su dignidad humana y por ello el Estado debe garantizarle condiciones dignas de reclusión. Pero es además inconveniente para la sociedad pues ¿cómo puede tener alguna capacidad resocializadora un sistema carcelario en esas terribles condiciones? ¿Por qué entonces nos sorprendemos de las altas tasas de reincidencia? El Gobierno debe entonces tomar medidas, y con urgencia, para enfrentar este drama carcelario.