Por: Ramiro Bejarano Guzmán

La culpa es del procurador

Lo único que nos falta es que, por cuenta del enredo que se ha creado con el empeño del procurador Ordóñez de tumbar a Petro, salga damnificada la acción de tutela, la única conquista y garantía democrática que vela por los derechos de los ciudadanos de a pie.

Las declaraciones del presidente Santos, ahora que tuvo que cumplir un fallo de tutela que le ordenó restablecer al destituido burgomaestre, no pueden ser más equívocas. Primero dejó saber que no impugnaría el fallo que le ordenó restituir a Petro, pero luego cambió de criterio. ¡Qué incoherencia! Y lo peor, ahora se propone reformar la tutela, y aunque no ha dicho en qué sentido, todo parece indicar que será recortando el poder para garantizar los derechos fundamentales.

No se nos puede olvidar que el causante de todo este gran galimatías, de un alcalde que un día lo destituyen y otro lo restablecen, no es la acción de tutela, sino el procurador Ordóñez y su siniestro plan de lanzarlo del Palacio Liévano. No hay que confundirse; la acción de tutela ha sido el remedio, no la enfermedad.

Fue Ordóñez el que se inventó que había que destituir al alcalde exguerrillero porque lo considera mal alcalde, como sin duda lo ha sido, pero resulta que eso no es falta disciplinaria y menos sancionable con destitución. Si fuera verdad que quienes incurren en desaciertos en sus cargos tuvieran que ser destituidos, habría que empezar por expulsar al mismo Ordóñez, por su desastrosa gestión. Claro, en su caso hay más motivos para sacarlo, porque en su intolerante reinado la Procuraduría se ha convertido en un ente corrupto que absuelve por amores e intereses y condena por odios.

El inmenso poder de Ordóñez y el miedo que produce en los asustadizos funcionarios de la Casa de Nariño terminó haciendo incurrir en error a todo el mundo, y como en el dominó, caída una ficha todas las demás se han venido abajo.

El Gobierno se equivocó gravemente cuando para no agraviar al temido procurador desperdició la oportunidad de haber sepultado el tema acatando las medidas cautelares decretadas por la CIDH. Prefirió el camino azaroso de desacatarlas con la excusa de proteger la institucionalidad representada en una decisión de segunda instancia del Consejo de Estado que revocó una tutela favorable al alcalde, asumiendo el grave riesgo que ello implica en el concierto internacional.

Pero tampoco le resultó bien al Gobierno ese atajo que tomó para no cumplir las medidas cautelares de la CIDH, porque otra redentora tutela ha terminado imponiéndole que cumpla lo que jamás debió incumplir. Además de la apelación presidencial, el vengativo y torpe procurador ya anunció que también impugnará esta nueva decisión que restableció a Petro en la Alcaldía, y muy pocas ilusiones hay de que eso salga bien en una Corte que, como la Suprema, es territorio ordoñista. Y entonces, si esa Corte decide rendirle culto a la terquedad del procurador, en unos días volverán a destituir a Petro, y otra vez estaremos a la deriva. Pero que no se olvide, todo por cuenta de Ordóñez, no de la tutela.

En ese mar de confusión, la decisión de Luis Guillermo Vélez, como superintendente de Industria y Comercio ad hoc, de imponerle una sanción multimillonaria a Petro y otros servidores del Distrito dizque por adoptar el modelo de las basuras, precisamente el mismo día en el que el Tribunal de Bogotá ordenó su restitución, suena, si no sospechosa, al menos poco convincente. Vélez está siendo investigado por el procurador Ordóñez, y ya se sabe lo que les pasa a quienes le llevan la contraria. Remember Alonso Salazar.

La culpa de todo la tiene el procurador, por lo que ha hecho para acabar con un alcalde en nombre del laureanismo y la Virgen María.

Adenda. Proverbiales la incompetencia y soberbia de la ministra de Cultura, Mariana Garcés. Convocó en la catedral el más sombrío y lánguido homenaje a Gabo. También incurrió en la grosería de no hacerse presente en la inauguración del Festival de Teatro, al que sí asistió su homóloga del Brasil.

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