Por: Nicolás Uribe Rueda

Cursillo para tirarse una revocatoria

CUANDO LOS CONSTITUYENTES del 91 decidieron establecer que la soberanía residía en el pueblo, introdujeron también una serie de normas que le daban contenido.

Entre otras cuestiones, se buscó que el ciudadano participara activamente en la gestión de los asuntos públicos y su participación no se redujera al simple ejercicio de elección de sus representantes.

Los mecanismos de participación son muestra de ello y entre los mismos se destaca el derecho de revocar a los alcaldes y gobernadores que incumplen sus programas de gobierno. El voto programático y la revocatoria del mandato son pues expresión de la democracia participativa y de la voluntad de no desvincular a los elegidos de sus electores una vez concluya el proceso electoral. Con ocasión de este mandato constitucional, se expidieron las leyes 131 y 134 de 1994, en donde se estableció que para revocar a alcaldes y gobernadores era necesario que la votación general de la revocatoria alcanzara al menos el 60% de los votos sufragados en el día de la elección. Luego de 20 años en que ningún proceso de revocatoria tuvo éxito, se redujo al 55% por medio de la ley 741 de 2002 y en 2012 al 40% en proyecto de ley estatutaria que aún no ha sido sancionado por no haber culminado su trámite de control previo de constitucionalidad.

Aun así, resulta poco probable que la revocatoria del mandato tenga éxito en Colombia en el futuro. La fuerza ejecutiva de las normas constitucionales ha probado ser más débil que la eficacia de las artimañas políticas, institucionales y judiciales. Ya lo vimos en el caso Petro, quien podía gobernar Bogotá con ocasión de unas medidas cautelares, pero de acuerdo con la Registraduría no estaba ejerciendo el cargo y por tanto no podía ser convocada su revocatoria. Tutelatones, balconazos, filtraciones de firmantes, carencia de presupuesto, recursos de nulidad, de apelación y de revisión, por solo mencionar algunos ejemplos, hicieron inexistente el derecho de 300 mil ciudadanos a hacer control político a su gobernante. Los que quieran hacer el cursillo básico de cómo tirarse una revocatoria y burlarse de los ciudadanos, pueden incluso consultar una página de la Registraduría en donde está todo el registro y contenido de los pasos adecuados para hacerlo (http://goo.gl/r6ESsY).

Paradójicamente, además, quien debe guardar la integridad de la Constitución, ha dado la estocada final a la revocatoria del mandato. La Corte Constitucional ha interpretado y decidido en su revisión de la ley estatutaria que no se puede revocar mandatario alguno en su último año de gobierno y la ley establecía de antemano que ello tampoco procedía en el primero. Así las cosas, la marrulla jurídica alrededor de la revocatoria ha ganado un nuevo round. Solo hay que recordar que desde el momento de la radicación del comité promotor para revocar a Petro (2 de enero de 2013) hasta la fecha propuesta para la realización de la revocatoria (6 de abril de 2014) pasaron 15 meses.

Así las cosas, sería mejor de una vez por todas derogar expresamente la ineficaz revocatoria del mandato antes que seguir ufanándonos de la existencia de una norma que no se cumple y de unos derechos que no se pueden ejercer.

 

Twitter: @NicolasUribe

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