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Mauricio Botero Caicedo 12 Ene 2013 - 11:00 pm

De lo adjetivo a lo sustantivo

Mauricio Botero Caicedo

Según informes de prensa, se han presentado 546 propuestas de la sociedad civil sobre el problema agrario en Colombia. Sin embargo, las Farc advierten que sólo serán aceptables las “propuestas desde las organizaciones sociales de los marginados, de los indígenas, de las comunidades afro, y de los campesinos... para reordenar el territorio”.

Por: Mauricio Botero Caicedo
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Pretendiendo manipular que las conversaciones se concentren en la propiedad de la tierra, las Farc buscan imponer un modelo agrario colectivista, tan primitivo como inoperante. La propiedad de la tierra, en el contexto de la agricultura moderna en que suele ser más lo que se le pone encima que el precio de la tierra, no es un tema trascendental. (En países como Estados Unidos y Canadá, dos potencias agrícolas, el tema de la propiedad de la tierra es un non issue, cuya relevancia es equiparable a la suerte que puedan correr los coleccionistas de estampillas). Pero aun asumiendo que la propiedad de la tierra fuera la piedra angular del futuro de la agricultura, en La Habana están reunidos los dos grandes terratenientes del país: el Estado, con 28,6 millones de hectáreas, y los grupos ilegales, con 5 millones de hectáreas. Si asumimos que en el 2020 sólo habrá un millón de familias en el agro (cinco millones de personas), y la mitad de este millón no tiene acceso a la tierra, con sólo repartir las propiedades del Estado y de los ilegales, a cada núcleo familiar le puede quedar la no despreciable área de 70 hectáreas. Finalmente, cabe anotar que aparte del Estado, los mayores terratenientes del país son los indígenas, con 30,1 millones de hectáreas, seguidos por las negritudes, con 3,8 millones. Y revisando el reciente informe del DANE sobre Pobreza y Desigualdad, salta a la vista que los dos departamentos más pobres y desiguales del país son el Cauca y el Chocó, departamentos donde los indígenas y las negritudes poseen la mayor cantidad de tierra. Entonces, ¿dónde está la correlación entre riqueza, igualdad y tenencia, que con cándida simpleza plantea la insurgencia?

Colombia es y seguirá siendo un Estado social de derecho, una democracia cuyo modelo político, económico y social no está en juego. Si el objetivo es suplir la creciente demanda alimentaria, donde convivan, se retroalimenten y formen asociaciones los pequeños, medianos y grandes agricultores, es necesario que el Estado se comprometa a llevar a cabo reformas e inversiones en los siguientes campos. Existiendo un plazo perentorio para concluir las negociaciones de paz, Humberto de la Calle, cuya inteligencia va aupada a un recio carácter, debe exigir que se pase sin más dilaciones de lo adjetivo a lo sustantivo:

- Infraestructura: sin carreteras es estéril pensar en desarrollo agropecuario. Colombia, país con la peor infraestructura vial del continente, requiere de un compromiso serio y formal del Estado de hacer nuevas vías y mejorar las existentes.

- Agua: el país entero sufre por falta o exceso de agua. Agricultura sin agua es polvo, y con exceso es piscicultura. Sin nuevos distritos de riego, drenajes y diques adecuados, poco se va a avanzar.

- Créditos: sin instituciones que estén en capacidad de evaluar los diferentes tipos de crédito que requiere el agro, principalmente aquellos relacionados con inversiones fijas, y capital de trabajo para las siembras y cosechas, el futuro del agro no será muy promisorio.

- Asistencia técnica y educación: el Estado debe replicar la experiencia brasileña con Embrapa, institución que para muchos es la clave del éxito de la agricultura en el Brasil. Para darles a nuestros campesinos y agricultores el apoyo técnico que con urgencia requieren, es necesario multiplicar los centros de investigación y mejorar la educación, implantando por ejemplo una escuela agrícola similar a “Zamorano” en Honduras, complementada por decenas de institutos técnicos.

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