Por: María Elvira Samper

De farsas y farsantes

Con el relanzamiento de la fundación Buen Buen Gobierno, creada por el hoy presidente Juan Manuel Santos en 1994, prendió motores la campaña presidencial y se reabrió el debate sobre la participación política de los funcionarios públicos, que una vez más revela sus ribetes de farsa.

El presidente dio papaya con su asistencia al evento, y aunque guardó un silencio estratégico —hoy tan de moda—, no cabe duda de que su sola presencia constituyó la largada de la campaña para la reelección. No oficial, pero largada. El detonante perfecto para que el expresidente Pastrana y la candidata del Polo, Clara López, exigieran la activación de la Ley de Garantías, y para que el procurador Ordóñez le enviara una carta al presidente advirtiéndole que podría estar vulnerando la Ley de Garantías Electorales.

Una farsa la de Ordóñez que, sin pudor alguno y previa repartición de estratégicas cuotas burocráticas a congresistas y magistrados de las altas cortes, hizo campaña abierta y descarada para su reelección: asistió a todo tipo de eventos públicos, aceptó homenajes e incluso fue respaldado por un movimiento que repartía camisetas, manillas, gorras y botones con un logo de campaña. No tuvo quién le pusiera el tatequieto.

También es una farsa la de los escuderos del presidente Santos, que defendieron su presencia en el relanzamiento de Buen Gobierno con el argumento de que es un centro académico, cuando lo cierto es que es y siempre ha sido el búnker de las campañas de Santos. Una fundación creada por él en 1994 para marcar distancia frente al Partido Liberal —motivo: proceso 8.000—, con el propósito de pavimentar el camino hacia la Presidencia, y que cumplido el sueño en 2010, él mismo desmanteló al llevarse a la mayoría de sus funcionarios para que lo acompañaran desde distintos cargos en la Casa de Nariño.

Fue la faena que repitió en junio pasado pero al revés, cuando desde la propia Casa de Nariño expresó el deseo de que sus políticas sean reelegidas, despidió a su ministro estrella, Germán Vargas, y a su más cercano asesor, Juan Mesa, y anunció que se reactivaría la Fundación Buen Gobierno y que ellos serían, respectivamente, presidente de la junta y director ejecutivo. También presentó a los otros miembros de la junta directiva como colaboradores que se dedicarían a defender su obra de gobierno.

Desde entonces quedó claro que buscaría la reelección y que la fundación sería su plataforma de lanzamiento. Fue lo que sucedió la semana pasada, cuando el controvertido exministro Vargas —sin hacer mención explícita de la reelección de Santos— aseguró que sólo hay un plan: la reelección de las políticas del Gobierno. ¿Otra farsa? No son pocos los que aseguran que el exministro tiene segundas intenciones, y son muchos los que andan endulzándole el oído. Incluso el nuevo director de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, no descartó la candidatura de su jefe político en caso de que el presidente decida no apostarle a la reelección. “Sería un magnífico candidato”, dijo Galán.

En medio de cábalas y consejas, está abierto el debate sobre si la presencia del presidente en el evento de Buen Gobierno constituye o no una indebida participación en política. La misma farsa que se repite cuando arranca una campaña electoral. El Congreso lleva más de 20 años sin definir unas reglas de juego que establezcan cuáles servidores públicos pueden hacer política y en qué condiciones, y quiénes no. Mientras tanto la farsa continúa, pues de los presidente para abajo, todos se dan mañas para hacer política. Por los laditos, por debajo de la mesa.

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