De Impuestos y Ventanas

Alberto Carrasquilla
18 de septiembre de 2014 - 02:00 a. m.

Aunque al escribir estas líneas se desconoce el articulado exacto, es claro que la propuesta que hará el gobierno para cerrar el hueco de $12,5 billones del que adolece su  iniciativa presupuestal, incluirá la prórroga y el posible incremento del impuesto al patrimonio. Esta es una realidad que no sorprende mucho por dos razones. La primera es que ni el gobierno quiere ni el congreso parece estar dispuesto a hablar en serio sobre impuestos y que la preferencia revelada es el status quo. La segunda razón es que el impuesto recaudó algo así como $4,4 billones anuales entre 2011 y 2013, o sea que prorrogarlo tal cual está vigente ya tapa un 35% del hueco existente y es una cifra que podría aumentar si se opta por elevar la tasa.

La idea de cobrar impuestos sobre las propiedades que las personas han logrado acumular a lo largo de los años es muy antigua y es objeto de gran creatividad alcabalera. En el siglo XVII, por ejemplo, la corona inglesa decidió cobrar un impuesto a los propietarios de residencias y estableció que se cancelaría en dos partes: una suma fija para todos y otra suma proporcional al número de ventanas que tenía el domicilio en cuestión. Como sucede con el impuesto al patrimonio colombiano se le metió progresismo a la vaina. Se eximieron las primeras 10 ventanas y se establecieron sumas mas altas cuando la vivienda superaba las 20.

En el último par de años la idea de imponer un impuesto a la propiedad ha cogido cierto vuelo a raíz de la publicación del  libro inmensamente exitoso del profesor Piketty, donde se argumenta que el sistema capitalista moderno, al exhibir tasas de crecimiento menores a la tasa de interés, genera una desigualdad creciente entre propietarios y trabajadores y que grabar el patrimonio es una manera lógica de contrarrestar esta dinámica tan inconveniente. Independientemente de las críticas que ha recibido, no cabe duda alguna en el sentido de que gracias a Piketty, grabar la propiedad tiene mucho mas caché hoy que hace unos años y que ese caché proviene de la idea de que es un impuesto que frena la presuntamente creciente desigualdad capitalista.

El problema en el caso colombiano es triple. Primero, las personas acumulan un patrimonio ahorrando cada año un dinero que proviene de aquella parte de los ingresos que el gobierno no les ha quitado. El impuesto al patrimonio, de esta manera, no solo es un castigo al ahorro, sino que constituye un segundo envión al mismo ingreso, solo que en este caso el cobro es diferido.  Para mantener las tasas de ahorro actuales, subir el impuesto al patrimonio muy probablemente implicará una tasa de interés mas alta, lo cual tiene sus líos.

El segundo problema es que, como sucede en el caso del impuesto de renta, el grueso del recaudo proviene de las empresas, no de las personas. A muchos observadores este hecho les parece perfectamente razonable ya que, en el imaginario colombiano, las empresas son ricas y las personas son pobres. Pues bien, lo cierto es que al imponerle un tributo a la empresa uno no tiene ni idea acerca de quien es el que lo termina pagando ya que hay varios candidatos. En primer lugar, los accionistas, desde luego, recibiendo menos dividendos. Pero también es posible que el resultado no sea tan Robin Hood. Pueden terminar pagando los trabajadores recibiendo menos salario del que sería el caso sin el tributo, o los clientes pagando mas caro el producto o los proveedores, recibiendo menos precio. Como bien lo ha dicho el presidente de ISA,  Luis Fernando Alarcón, lo cierto es que las empresas no son ni ricas ni pobres. Las empresas son grandes o son chiquitas, punto.

El tercer problema es que la energía necesaria para duplicar el ingreso del país, para usar un indicador sencillo de bienestar, se puede medir en número de años, pero también se puede medir en un determinado número de proyectos grandes de inversión. Uno puede decir que el ingreso per cápita se va a duplicar en 14 años si crecemos al 6,5% anual, pero también puede decir que lo logrará dentro de (digamos) 23 proyectos de inversión grandes. El punto de fondo es que el impuesto al patrimonio reduce de manera importante la rentabilidad esperada y bien puede sacar de la cancha a un número, posiblemente importante, de proyectos grandes con mucho patrimonio invertido, de una parte, y flujos de ingreso tardíos. Los potenciales constructores y operadores de la infraestructura 4G, por ejemplo.

@CarrasqAl

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