Por: Álvaro Forero Tascón

¿Cómo defender al Estado?

EN UNA SOCIEDAD EN QUE MUCHOS sectores, legales e ilegales, se aprovechan de la debilidad del Estado, sólo los gobiernos que lo fortalecen defienden realmente el interés general y por ende cumplen la Constitución.

La debilidad del Estado colombiano es una constante histórica, pero con ciclos de mayor debilitamiento y periodos de fortalecimiento. Estos últimos generalmente han coincidido con gobiernos que reformaron la Constitución, pues el criterio tradicional ha sostenido que el fortalecimiento estatal se hace por el camino de la modernización institucional, por oposición a las políticas coyunturales o personalistas que tienden a no perdurar en el tiempo. Ese enfoque primó entre los expertos que evaluaron recientemente a los presidentes colombianos, pues sobresalieron los más reformistas e institucionales, como Santander, los Lleras, López Pumarejo y Gaviria, por encima de Bolívar, Mosquera, Reyes, Gómez y Uribe.

En Latinoamérica la preocupación sobre el Estado no debe ser sobre su tamaño como en los países desarrollados, sino sobre su fortaleza, sobre su capacidad de defender el bien común. En Colombia esa discusión ha tendido a evadirse por la falta de distinción ideológica entre los partidos y por el clientelismo. Pero la disyuntiva sobre cuál es la manera correcta de fortalecer el Estado está hoy en el centro de la política nacional, porque refleja la principal diferencia entre los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Uribe logró fortalecer al Estado frente al enemigo más visible, la guerrilla, pero no hizo lo mismo frente a los otros grandes enemigos del Estado, los corruptos, los politiqueros y los demás violentos. Ni frente a grupos de presión poderosos.

El gobierno Santos está intentando fortalecer al Estado en los aspectos que sufrieron mayor debilitamiento en el gobierno anterior. Son muestras de eso la ley de reorganización con que se crearán de nuevo ministerios y se modificarán entidades débiles, las leyes de tierras y de víctimas, el estatuto anticorrupción, la ley de regalías, la que eliminó rebajas fiscales, las de nuevos códigos, la gestión para conseguir el nombramiento de fiscal general, la nueva política exterior, y esfuerzos puntuales frente a sectores como transporte y financiero.

Sin embargo, el fortalecimiento institucional por vía del reformismo y del respeto democrático no basta para enfrentar efectivamente a los principales enemigos del Estado. Las reformas políticas no consiguen desarticular la corrupción política, ni los intentos por depurar la policía logran golpear efectivamente al narcotráfico, ni los códigos a los sobornadores. Esos enemigos se enfrentan fundamentalmente con acciones ejecutivas apoyadas en fenómenos de opinión pública como las de Uribe contra a las Farc y Mockus contra el clientelismo en Bogotá. Mientras los enemigos del Estado estén por dentro con la politiquería, quedará en manos de los populistas y los antipolíticos hacer la defensa del Estado que más les interesa a los ciudadanos. Pero esas acciones carecerán de marco institucional y por lo tanto de continuidad y de profundidad.

Sólo un mandato partidista de gran envergadura es capaz de institucionalizar una lucha frontal contra los peores enemigos del Estado. La Ola Verde fue la cuota inicial.

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