Por: Jorge Iván Cuervo R.

Democracias autoritarias

A simple vista parecería sonar como un contrasentido. Si es democracia no puede ser al mismo tiempo un régimen autoritario. Como lo señaló Aristóteles en su Metafísica, es imposible que al mismo tiempo y bajo una misma relación se dé y no se dé en un mismo sujeto —o categoría— un mismo atributo. Es una regla fundamental de la lógica y del principio de no contradicción.

Pero, así como la política es dinámica, según ese otro gran pensador griego, Sabas de Cartago, la teoría democrática también lo es, y hoy una democracia no se mide solo porque los ciudadanos puedan elegir a sus gobernantes, se necesita más que eso, lo que algunos autores como Bobbio llaman la democracia sustancial, para diferenciarla de la democracia formal.

Un gobierno democrático que fue elegido popularmente puede comportarse de manera autoritaria si no respeta los derechos de los ciudadanos, especialmente los derechos políticos, la protesta legítima, la libertad de prensa, entre otros. O si no respeta las reglas del juego constitucional que implica la separación de poderes, soberanía del legislativo y autonomía e independencia del poder judicial. Entonces no se trata de una democracia pura y simple, estamos ante una democracia constitucional donde el gobierno se tiene que ajustar a las reglas constitucionales y al respeto a los derechos humanos.

Ningún gobierno cumple esto al cien por ciento. Todos se las ingenian para de alguna manera restringir los derechos, minar la independencia de los congresos, sabotear al poder judicial. Pero hay límites que no se pueden pasar so pena de incurrir en una deriva autoritaria, y es lo que ha venido haciendo el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela ante la indiferencia solapada de la mayoría de países de América Latina, por distintas razones: por lealtad ideológica, como los casos de Ecuador, Nicaragua o Bolivia; por conveniencia, como Colombia para no afectar su agenda interna, especialmente en lo relacionado con el proceso de paz; o porque son beneficiarios de petróleo a bajo precio, como muchos de los países del Caribe.

El secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, excanciller de Pepe Mujica, ha venido llamando la atención del continente sobre el creciente deterioro de la democracia y la institucionalidad en Venezuela. Una campaña que ha liderado solo y que ha logrado que muchos países de la organización se hayan puesto de acuerdo en declarar formalmente su preocupación por este hecho, hasta el punto de que ya se considera la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana, un escenario hasta ahora improbable pero que habla de cierto consenso sobre la necesidad de un cambio sustancial en el país vecino.

Maduro, que no es Chávez, ha usado todo el poder que le otorga la Constitución Bolivariana para limitar las funciones de la Asamblea Nacional, someter al poder judicial y al poder electoral, invalidar a la oposición, reprimir de manera desproporcionada la protesta social con el uso de las llamadas milicias, civiles armados, y con los tenebrosos colectivos, motociclistas sin control alguno que siembran el terror y disparan con total impunidad, como se pudo ver en el impresionante video donde se registra la muerte de la joven Paola Ramírez en las protestas del 19 de abril pasado.

A Maduro lo sostienen los militares y quienes en la cúpula del gobierno respetan el legado de Chávez, pero las condiciones económicas y sociales y la presión internacional lo harán ceder para una salida constitucional, unas elecciones lo más pronto posible, el mejor escenario para todos.

Mientras esto sucede, la comunidad internacional no puede bajar la guardia para evitar que se sigan deteriorando las condiciones y se siga ahondando la deriva autoritaria de un gobierno de origen democrático.

@cuervoji

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