Derechos de propiedad

La historia del conflicto colombiano es la del arrasamiento de los derechos de propiedad de campesinos y granjeros.

El desplazamiento y el traspaso de predios a los socios de los violentos o a ellos mismos, la fumigación de cultivos ilícitos y de pan coger por el Gobierno desconocieron los derechos de millones de víctimas sobre sus haberes productivos, sobre todo a los que no contaban con el registro de sus títulos de propiedad. Los grupos insurgentes pudieron contar con el apoyo de muchas comunidades porque se erigieron como supuestos protectores de esos derechos.

Por lo tanto es importante que el Gobierno establezca un pacto social con las comunidades afectadas por la guerra, en el que se garanticen sus derechos, se proceda a la titulación de sus propiedades de hecho y se ponga en cintura a los usurpadores. Uno de los pasos más importantes es un catastro universal que haga el inventario de las propiedades que existen, incluidas las del propio Estado, consultando a los vecinos, para inventariar toda la riqueza inmueble y proceder paralelamente a la titulación y registro de cada una de ellas. De no hacerse, se mantendrá el caldo de cultivo para que surjan grupos armados que actúen de garantes de esos derechos.

En la negociación que siguió al triunfo del No en el plebiscito sobre el acuerdo de paz con las Farc, el expresidente Uribe se autoerigió dueño y señor del resultado, como si los que así votaron lo hubieran hecho a favor del despojo de las víctimas. Pero el sentido de todos los votos fue a favor de la negociación por la paz, como lo revela la encuesta de Gallup, que muestra que el 78 % de los ciudadanos apoya la salida negociada del conflicto.

Sintiéndose reelegido por el pueblo, el senador Uribe exigió todo un pliego que nos devuelve al territorio de la guerra y a la revictimización de los afectados por ella. En efecto, asume que los portadores de derechos de propiedad adquiridos sobre predios expropiados o desalojados por los violentos actuaron de buena fe. Este sería un supuesto fuerte sobre personas que conocían que adquirieron predios en territorios sacudidos por el conflicto y que debieron hacer un balance de la situación de seguridad de ellos; también considera de manera prejuiciada que las víctimas que se atrevan a demandar por la restitución actúan de mala fe y no menciona el alto número de ellas que han sido asesinadas. Lo más elemental es que un juez de tierras analice caso por caso con base en sus méritos y no suponer sobre la buena o mala fe de los adquirientes o antiguos poseedores.

El senador Uribe se opone al nuevo catastro, pues así se podrán esclarecer, por medio del testimonio de vecinos y comunidad, a quién pertenece cada predio. Considera que la actualización del catastro hará que los grandes terratenientes tengan que pagar impuestos prediales más elevados que los que pagan hoy en día y eso le parece negativo. Afirma que el predial ha aumentado considerablemente; algo que es cierto para las ciudades, pero no para el área rural. Allí, los únicos que pagan impuestos son los que transan frecuentemente sus propiedades, que son pequeños y medianos campesinos.

Lo que debe hacer el Gobierno es legislar sobre impuestos territoriales, hacer el predial progresivo, introducir el uso económico de la tierra para que paguen más agroindustrias y fincas de placer y considerar las propiedades mayores de 1.000 hectáreas como lotes de engorde, con una tarifa punitiva del 3,3 %.