Por: Santiago Montenegro

¿Derechos para todos?

Un trabajo del profesor de la universidad de los Andes y columnista de El Espectador, César Rodríguez, Beyond the Courtroom: The Impact of Judicial Activism on Socioeconomic Rights in Latin America, fue escogido por el profesor Mark Tushnet, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, como uno de los dos mejores trabajos del simposio de constitucionalismo en América Latina.

Este hecho hay que resaltarlo porque la agenda de investigación de Rodríguez es de mucha importancia: constatar si los fallos de los jueces, en particular aquellos que tienen que ver con la justicia constitucional, están plasmándose en mejoras fácticas de los afectados. ¿Por qué 20 años después de promulgada la Constitución, nuestro país mantiene una de las peores distribuciones del ingreso del planeta y unos niveles de pobreza tan extremadamente altos?

En el trabajo reseñado, Rodríguez estudia los efectos del mandato de la Corte Constitucional en 2004 para proveer vivienda y otros derechos sociales y económicos a los desplazados internos por la violencia. Aunque concluye que sus condiciones socioeconómicas han cambiado muy poco, el profesor Tushnet dice que, en un análisis comparativo, definitivamente, los desplazados sí mejoraron su situación después del fallo de la Corte y soporta su conclusión en “las mejoras dramáticas en salud y educación” que el mismo estudio reconoce. Argumenta que, si en otras esferas no se han dado resultados, no quiere decir que los esfuerzos de las cortes fallaron, sino que, en las condiciones de Colombia, lograr cambios es seguramente más difícil.

Pero el otro trabajo que el profesor Tushnet reseña es también muy relevante para Colombia. Siguiendo una metodología que se puede definir como de caso por caso, muestra que las cortes brasileñas han fallado favorablemente casi todas las reclamaciones médicas, unas 40 mil por año. Aunque, en teoría, este resultado es muy exitoso, el profesor Tushnet está de acuerdo con el autor del estudio, el profesor Octavio Luiz Motta Ferraz, en que estas litigaciones pueden ser perversas porque quienes usualmente tienen más acceso a las reclamaciones cuando la justicia es caso por caso son los más ricos, quienes cuentan con más conocimientos de sus derechos y quienes tienen más acceso a la justicia. El otorgar beneficios exagerados a muy pocas personas puede, muchas veces, poner en peligro los riesgos de salud de la mayoría pobre de la población.

El profesor Tushnet concluye que, hacia delante, el debate debe centrarse sobre las formas de litigación que sean las más apropiadas y en encontrar las condiciones más propicias para hacer cumplir los derechos de segunda generación. Que hay que mirar no tanto el qué sino el cómo. En particular, el profesor tiende a argumentar la necesidad de apartarse de la litigación del caso por caso o de la llamada litigación absolutista, a una que permita la consulta entre el Ejecutivo y los grupos afectados y a una que induzca la planeación de los gobiernos para asegurar que los derechos socioeconómicos de todos sean respetados. Porque, aunque no lo dice, corremos el riesgo de que en nuestros países algunos derechos, que deberían ser de todos, se transfiguren en privilegios socioeconómicos para unas minorías.

Buscar columnista

Últimas Columnas de Santiago Montenegro