Desaparición Forzada: Un camino emprendido pero sin concluir

Desde la década de los años sesenta la desaparición forzada se constituyó como una práctica generalizada en América Latina, en tanto fue aplicada por los diferentes regímenes dictatoriales del Cono Sur y también por algunos países de América Central como Guatemala y el Salvador.

En ese contexto, se habla de la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad en tanto tuvo carácter generalizado y sistemático; los sujetos activos, es decir quienes realizaron la acción, fueron funcionarios del Estado y la población civil el sujeto pasivo de la acción, en tanto en ellos recayó la misma. 

En el caso colombiano, la desaparición forzada tiene una tipificación especial en el Código Penal Nacional y diferente de la legislación internacional, ya que incluye como sujeto activo no solamente a funcionarios del Estado sino también al particular que pertenece a un Grupo Armando Organizado al Margen de la Ley (GAOML); demostrando así la intención que tuvo el legislativo de adaptar el tipo penal a la realidad y circunstancias del país, en el nuevo Código Penal del año 2000.

No obstante, y desde la perspectiva de los familiares de los desaparecidos, el impacto generado por la incertidumbre sobre su paradero y el desconocimiento frente a otros tratos inhumanos a los cuales fueron sometidos sus seres queridos; hace que para ellos exista una imposibilidad de elaborar el duelo por su perdida,  y en consecuencia de construir y consolidar un nuevo proyecto de vida.

En ese marco, y partiendo de la obligación del estado colombiano de garantizar el cumplimiento del derecho que tienen las víctimas a saber lo sucedido a sus familiares,  y de propiciar escenarios para la reparación y la no repetición, se evidencia un avance significativo en la búsqueda de personas desaparecidas; ya que a la fecha se han encontrado 2857 fosas; 3488 cuerpos han sido hallados; 629 cuentan con posible identidad y 1002 han sido entregados a sus familiares.

Sin embargo, el proceso sigue presentando grandes retos para las instituciones. En primer lugar, dada la persistencia del conflicto armando e incluso su agudización en ciertas zonas del país, los funcionarios se han visto involucrados en situaciones que atentan contra su seguridad; por lo que se requiere de un mayor apoyo logístico en el desarrollo de las diligencias de exhumación. En segundo lugar, aún queda mucho camino por recorrer si se tiene en cuenta que el registro global de personas desaparecidas es de 47757 de las cuales 13329 se presume son casos de desaparición forzada; y que adicionalmente de los 3488 restos hallados a la fecha, cerca de 1500 no cuentan con información ante morten, es decir que no existe ningún tipo de identificación previa para su identificación, lo que dificulta aún más la agilidad en el proceso.

Si bien la identificación -lograda en su mayoría por métodos genéticos como el ADN- es el paso final para poder entregar con toda seguridad los restos a los familiares; el proceso de búsqueda requiere no sólo de la mejor tecnología en los laboratorios, sino también del fortalecimiento de técnicas investigativas y de un trabajo interinstitucional coordinado; que permitan agilizar la búsqueda y sobretodo, darle a las víctimas una mayor confianza en las instituciones y en el proceso mismo.

Para ello, continuando con los esfuerzos emprendidos hasta el momento, es necesario consolidar una estrategia más clara y unificada de actuación interinstitucional y de comunicación clara y permanente con las víctimas, que finalmente  lleven al proceso al cumplimiento de su objetivo principal: entregar los restos a los familiares, haciendo de esto no sólo una entrega formal sino un proceso dignificante y reparador para ellos.