Por: Paloma Valencia Laserna

Desinstitucionalización: ¿la causa Uribe o Santos?

Muchos analistas dicen que Uribe desinstitucionalizaba el país. Sostienen que su microgerencia desconfiguraba la estructura estatal; les restaba importancia a las instituciones pues desdibujaba su capacidad de gestión y daba la impresión de que todo dependía del presidente.

Mi opinión era y es exactamente la contraria. Uribe le devolvió legitimidad al Estado. Con su gobierno, los ciudadanos renovaron su confianza en las instituciones, le creyeron al Estado, mostraron simpatía por el sector público. El Estado colombiano nunca ha gozado de gran respaldo; la mayoría de los ciudadanos lo consideran una burocracia inútil, un enredo de trámites imposibles, algunos incluso se quejan al pagar impuestos, pues temen que el sector público corrupto se los apropie. El Estado colombiano se parece a la figura de la madrastra lejana, indolente, déspota. Uribe rebosante de legitimidad carismática y ejecutor incansable cumplió dos funciones: derramó esa legitimidad sobre la institucionalidad y al mismo tiempo demostró que el Estado puede ser útil y servir a la ciudadanía. Era natural el resultado de que las instituciones se fortalecieran, eso es institucionalizar.

Como contrapartida, la mala gestión de este gobierno, en mi opinión, lesionó la institucionalidad. La devolvió a los estándares de inutilidad estática. Para el caso resulta útil observar lo que ha venido pasando con la imagen de las instituciones, para lo cual tomo los resultados de la encuesta Gallup de agosto de 2013 y los datos históricos que contiene. En ellos se evidencia mi tesis: el gobierno Uribe le devolvió credibilidad al Estado, en tanto que este gobierno se la resta y lo desinstitucionaliza.

Entes con prestigio, como la Corte Constitucional, que mejoraron su imagen durante el gobierno Uribe y tenían una desfavorabilidad cercana al 20%, ahora retroceden, pierden imagen, su desfavorabilidad crece hasta el escandaloso 44%. El Congreso, con un promedio de 65% de desfavorabilidad durante Pastrana, ganó imagen durante Uribe y tuvo una imagen negativa del 45%. El esfuerzo se pierde en el gobierno Santos y el Congreso tiene un promedio de desfavorabilidad del 56%, con picos del 69%.

La Fiscalía, con una imagen negativa del 20% durante Uribe, ahora gravita en un notorio 40% de desfavorabilidad. Los partidos políticos, que tenían una mala imagen ante el 60% de los colombianos, ahora están peor y 7 de cada 10 les son adversos. La Corte Suprema tiene una imagen negativa creciente desde el inicio del gobierno Santos y hoy esa desfavorabilidad supera a quienes le son favorables. El sistema judicial pasó de 45% de imagen negativa a ubicarse por encima del 70% de desfavorabilidad. De la avalancha de pérdida de imagen no se libra nadie; están afectados el Banco de la República, la Procuraduría... Incluso los medios de comunicación, que cercanos al 75% de favorabilidad pierden más de 10 puntos durante el gobierno Santos y su imagen negativa crece hasta el terrible 37% de hoy.

Las instituciones no son edificios, no dependen de sus gerentes, ni de su autonomía. Instituciones son, no porque así las designe la ley, sino porque los ciudadanos las reconocen como tales, porque se ganan el respeto y la confianza por su capacidad de servir.

 

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