Desminado humanitario

Las guerrillas enfrentaron la seguridad democrática con campos minados, dispersión de sus frentes y uso de francotiradores.

Las minas enterradas han causado más de diez mil víctimas, la mayoría militares, y contaminan un territorio desconocido donde existen riesgos para la población que permanece o retorna al campo. Es utópico pensar que las guerrillas cuenten con un mapa preciso de las minas sembradas y es más responsable que el país asuma la tarea del desminado como asunto propio.

El gobierno reglamentó en 2007 el programa de acción contra minas-PAICMA- e invitó a las organizaciones internacionales con experiencia en desminado para venir a trabajar en Colombia. Las cuatro más grandes abrieron oficinas en Bogotá, esperando la autorización oficial, y luego de interminables demoras en el trámite de acreditación, tres de ellas se cansaron de esperar y resolvieron devolverse a sus sitios de origen. Solo una pudo dar el paso siguiente, con el permiso de iniciar el desminado.

El error ha sido creer que el desminado es una tarea estrictamente militar, monopolio del batallón de desminado, cuyo alcance es muy limitado y su operación muy costosa, por ser también blanco del fuego enemigo. La defensa de ese monopolio ha impedido que organizaciones humanitarias con experiencia en Afganistán, Sinaí, Sierra Leona, Angola o Irak nos apoyen con su experiencia en otras guerras civiles.

El proceso de desminado tiene tres componentes: la fase de estudio no técnico, que recoge la información comunitaria para precisar con coordenadas el mapa de riesgos potenciales, la fase de estudio técnico, con aparatos de detección, que precisa la información para pasar a la tercera, desactivar las minas y certificar áreas como libres de riesgo. Sólo la segunda y tercera requieren equipos y entrenamientos especializados, pero la primera está al alcance de las comunidades con apoyo de las organizaciones que conocen el problema. 

Para asumir en serio la tarea, el gobierno debe escalar la autoridad del programa de acción contra minas para convertirlo en una agencia operativa con autonomía de funcionamiento, que convoque la cooperación internacional y logre el regreso de las organizaciones internacionales experimentadas, definir protocolos simples para capacitar a las comunidades y construir la línea base del problema, que es el mapa detallado de los campos minados mediante el estudio no técnico.

Muchos programas gubernamentales tienen trabajo de campo directo con las comunidades y pueden enlazarse en una gran red de información espacial sobre sospecha de minas, coordinada por el programa de acción contra minas. El resultado será un mapa mucho más preciso, que libere una gran parte del territorio del temor a pisar una mina en el setenta por ciento de los municipios colombianos donde hay sospecha de minas y unas comunidades dotadas de capacidades para ir acotando y resolviendo el problema a mediano plazo.