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Elisabeth Ungar Bleier 10 Jul 2013 - 11:00 pm

Despertar ciudadano contra la corrupción

Elisabeth Ungar Bleier

Los datos del último barómetro Global de Corrupción (transparency.org//gcb2013), encuesta realizada por Transparencia Internacional en 107 países para medir la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción en el sector público, arrojan resultados agridulces para Colombia.

Por: Elisabeth Ungar Bleier
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En cuanto a las malas noticias, se constata que el 62% de los encuestados considera que el problema de la corrupción es muy serio y que los colombianos le otorgan una calificación de 4,4 a la gravedad del problema (donde 1 es poco grave y 5 muy grave). Esto se acompaña de la percepción de que ésta ha aumentado (56%) y que las medidas del Gobierno para combatirla son ineficientes (56%). De otra parte, se confirma la tendencia que viene de años anteriores en el sentido de que el Congreso y los partidos políticos son percibidos como las instituciones más corruptas, seguidos por los servidores públicos. Pero en esta ocasión, a éstos se suman el sistema judicial, los servicios médicos y la Policía Nacional. Esto se refuerza con el hecho de que, según los encuestados, los principales pagos por sobornos van a la Policía (27%) y a instituciones de la Rama Judicial (19%). Es decir, los encargados de investigar y sancionar a quienes cometen los delitos y de garantizar un derecho fundamental como la salud son percibidos como parte central del problema y no como la solución.

La gran influencia de intereses de los poderosos en las decisiones y políticas gubernamentales, que se incluye por primera vez en la encuesta, también es preocupante: el 59% de los encuestados opina que el Gobierno está totalmente o en gran medida controlado por ellos. Esto puede constituirse en una forma de corrupción de “cuello blanco”, o de captura del Estado, que conlleva el abuso o la incidencia indebida en el poder de unos pocos para beneficio particular. A esto se suma que el 66% de los encuestados considera que es importante o muy importante tener contactos personales para poder gestionar asuntos con el sector público. Además de reforzar el carácter patrimonialista del Estado, la privatización de lo público profundiza la exclusión, la inequidad y la desigualdad, distorsionando la razón de ser del Estado social de derecho.

En medio de este panorama sombrío se revelan unas cifras esperanzadoras: el 97% de los colombianos encuestados —18% más que hace dos años— desea involucrarse activamente en la lucha contra la corrupción ejerciendo presión social sobre los gobernantes, utilizando redes sociales y suscribiendo peticiones. Pero además, el 86% dice estar dispuesto a reportar hechos de corrupción. Esto debe pasar, por un lado, por el compromiso ciudadano de no pagar sobornos, de rechazar el “todo vale”, de sancionar políticamente a los corruptos no votando por ellos y de denunciarlos. Y por el otro, del compromiso del Estado de fortalecer las capacidades institucionales para prevenir, sancionar e investigar estos hechos, de combatir la impunidad y de proteger a los denunciantes. La solución no está en desviar el debate público sobre la corrupción ni en minimizar la importancia de la percepción sobre la misma, sino en visibilizarlas y en construir colectivamente caminos que conduzcan a su erradicación.

  • Elisabeth Ungar Bleier * | Elespectador.com

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