Por: Rodolfo Arango

Dignidad para la justicia

Prioridad del Legislativo y ejecutivo, renovados en las elecciones de 2014, debe ser la reforma a la administración de justicia.

La Rama Judicial, cenicienta abnegada, tiene ahora un torticero padrastro, que administra y disciplina, pero a costa de envilecer la función pública. Sobrada razón le asiste a la periodista Cecilia Orozco en sus continuas denuncias de los desmanes y entuertos que a diario debemos padecer por cuenta de compadrazgos, influencias y roscas en el sector. Todos quienes defendemos el interés común y creemos que sin justicia no son posibles civilización o democracia, debemos apoyar a esta valiosa ciudadana y defender su causa.

La Rama Judicial quedó mal diseñada en la Constitución de 1991. El sistema de nominación y nombramiento de jueces y magistrados, llamado a reemplazar la cooptación, fue un remedio peor que la enfermedad. Para desterrar el elitismo de los altos magistrados, quienes nombraban a dedo a sus pares, se adoptó un régimen mixto, entre ejecutivo y judicial, que luego devino en uno de palancas, favores y ventajismos, más propio de estados despóticos que democráticos. El mamarracho quiso ser cambiado con la reforma de 2012, pactada y luego abortada por su mismo progenitor, cuando tardíamente se percató de la indignación ciudadana. Las últimas tutelas falladas por el Consejo para beneficiar a sus integrantes en procesos judiciales vigentes en su contra, y la reforma legal sobre control preferente, buscan acrecentar aún más el poder de reyezuelos que ya ostentan sus magistrados.

Cursa en el Congreso un proyecto de ley que pretende otorgar a los malhadados magistrados del Consejo Superior la facultad de atraer hacia sí los procesos disciplinarios contra jueces, fiscales y abogados que a bien quieran, desplazando la competencia de los jueces naturales establecida por la ley. A la estructura inicua de nombramientos se suman oscuros poderes centrales de estirpe inquisitorial, a la usanza de usos y costumbres propios del oscurantismo religioso. No es un secreto que algún personaje siniestro pudiera estar detrás de este proyecto. Tal poder de interferencia distorsionadora de la justicia no debe existir en la rama encargada de defender los derechos humanos y fundamentales, lo que vale igualmente para sus propios integrantes.

En el ingreso, ascenso y salida de la administración de justicia debe regir el mérito, no la amistad o los “contactos”. Es necesario fortalecer la carrera judicial. Sólo profesionales con estudios superiores y posgrado en una excelente escuela judicial —o con experiencia debidamente reconocida— deben hacer parte de la rama, con salarios competitivos y condiciones atractivas. Actualmente rige lo contrario: servidores públicos mal pagos; rendimiento medido por cantidades, como si se tratara de producir salchichas; condiciones indignas e irracionales de trabajo; servilismo y lagartería en el ascenso, salvo honrosas excepciones. Peor sería el panorama si el sindicato de la rama, Asonal Judicial, no hubiera logrado llamar la atención sobre el incumplimiento reiterado del Gobierno y la amenaza que se cierne sobre la carrera judicial.

La justicia debe estar basada en el conocimiento, la integridad y la eficiencia. Para ello requiere condiciones óptimas. Sólo así puede ser garantía de libertad y escudo contra la arbitrariedad. Sus servidores deben gozar de condiciones gratificantes de trabajo y del más alto reconocimiento social, al lado de los educadores. La próxima reforma debe apuntar fundamentalmente a alcanzar estos objetivos.

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