Por: Arlene B. Tickner

Diplomacia bizarra

En el mundo bizarro de los cómics de Supermán todo ocurre al revés.

Los mayores héroes son traidores, es un crimen hacer bien, decir mentiras es normal y la vida obedece a lógicas invertidas y perversas. La metáfora se me ocurrió al pensar en los últimos desenlaces de la crisis en Siria. El hecho de que Rusia figure ahora como gran mediador y pacificador, al lograr que el régimen de Al Asad se comprometa a entregar sus armas químicas bajo supervisión de la comunidad internacional, es más descarriado aún que la amenaza de intervención de Estados Unidos. Con la publicación del abecé de la estrategia del gobierno de Colombia frente al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), hubo que cambiar de tema. Lo gracioso es que el mismo paralelo sigue siendo oportuno.

El argumento de que el fallo es inaplicable se basa principalmente en el artículo 101 de la Constitución de 1991, que establece que los límites del país y la modificación de los mismos solamente pueden fijarse mediante tratados internacionales aprobados por el Congreso. Es difícil no divisar en esta posición un aire intencional de ambigüedad que permite que cada quien la interprete a su antojo. Comenzando por el principal opositor del presidente Santos, Álvaro Uribe, quien celebró “la decisión de rechazo del fallo por la vía de declararlo inaplicable”. Empero, como lo señaló Daniel Ortega la semana pasada al proponer la creación de una comisión binacional, éste goza de un acato de facto por parte de Colombia, en la medida en que Nicaragua ya usufructúa de la zona económica exclusiva ampliada otorgada por La Haya.

Por otro lado, hay que preguntarse cuáles son los límites marítimos que supuestamente se han trastocado y que la Carta Política exige defender. Pese a la molestia patriotera que produce reconocerlo, el meridiano 82 nunca fue más que una línea de referencia, sin peso legal ninguno. Tampoco están vigentes las fronteras marítimas de Colombia con Costa Rica ni Honduras. Y no es claro si la sentencia modifica las que existen con Panamá y Jamaica.

Igualmente retorcido es el llamado hecho por el Gobierno a la “indignación de todos los colombianos por el fallo”, cuando con quienes debemos sentir verdadera cólera es con la clase política de este país. Hace poco, en el homenaje liberal a los 100 años del natalicio de Alfonso López Michelsen, los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper recordaron que éste siempre sostuvo, en público y en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que había que negociar un límite con Nicaragua y que en caso de llegar el diferendo a La Haya, no quedaba duda de que Colombia iba a perder un pedazo grande de mar, por más que mantuviera el archipiélago terrestre.

Según Gaviria, además de que no se renunció al Pacto de Bogotá cuando tocaba hacerlo, en 2007, una vez se sentenciara la soberanía colombiana sobre San Andrés y Providencia, y la competencia de la CIJ para decidir la frontera marítima entre los dos países, Colombia tampoco intentó resolver el tema de forma bilateral. De la misma forma que López hizo caso omiso de las acusaciones de apátrida, Santos debe desistir de la diplomacia bizarra que caracteriza su estrategia frente al fallo y Nicaragua. Puede ganarle la reelección, pero no resuelve el problema. Antes lo puede empeorar.

Buscar columnista

Últimas Columnas de Arlene B. Tickner