Distorsiones, mentiras y falsificaciones

En reciente columna de El Tiempo, Laura Gil habla de las mentiras de los jueces.

Las cortes, en ocasiones, legislan pero los jueces siempre deben negar que legislan, escribe, citando textualmente al constitucionalista gringo Martin Shapiro. Para éste las cortes y los jueces siempre mienten: “la mentira es la naturaleza de la actividad judicial; uno debe superar la angustia moral sobre esto y discutir qué ley hacen los jueces, cómo la hacen y cuán rápido”. En definitiva, concluye la columnista, cuando los jueces se enfrentan a situaciones injustas pueden terminar subvirtiendo las normas para lograr resultados justos.

Tales afirmaciones son, por lo menos, sobrecogedoras. En el caso de Shapiro pueden explicarse en función de las diferencias que, en materia de cultura jurídica y de sensibilidad ética, existen entre las dos Américas: la inglesa y la ibérica. En el caso de Gil pueden ser consecuencia de la contaminación excesiva que el derecho gringo viene produce en nuestros países, con resultados que distorsionan el Estado social de Derecho. Tengo claro que la jurisprudencia tiene roles nuevos pero, también, que la autonomía judicial tiene límites.

El juez está sujeto al derecho y, en ningún caso, puede subvertir las normas. Hacerlo supone someter el fallo a una racionalidad subjetiva, de manera que la decisión del mismo caso podría cambiar dependiendo de quién fuese el juez respectivo. Eso quiebra el derecho que tiene todo ciudadano a recibir el mismo tratamiento por parte de sus autoridades judiciales. No quiero citar a Laura Gil fuera de contexto, pero el hecho de que los jueces legislen, incluso asumiendo que lo hagan bien, supone no sólo una ruptura de la lógica jurídica sino la falsificación misma del Estado de Derecho. Es imposible defender una constitución haciendo fraude al sistema jurídico.

Para no pocos ciudadano del común el desprestigio del Congreso produce unos vacíos que deben llenar las cortes constitucionales. En un Estado de Derecho semejante tesis es, por completo, improcedente. El jurista argentino Roberto Gargarella sostiene que el mal funcionamiento de los congresos nacionales no permite, de por sí, afirmar que tales cuerpos deban ser reemplazados por jueces, “del mismo modo en que no tendríamos razones para proponer en reemplazo de un parlamento en crisis, la autoridad incuestionada de un dictador o de un grupo cualquiera de reyes filósofos”. Sin considerar que la rama judicial –sobre todo en la cúpula- está afectada por problemas similares a los de las demás ramas del poder público.

Las leyes le quedan tan cerca al ciudadano como le quedan lejos las sentencias. Si las cortes son las que imponen siempre el significado último de la Constitución, los ciudadanos se vuelven indiferentes frente a ella y se aíslan de toda participación. En una democracia participativa los ciudadanos tienen iniciativa legislativa y se movilizan porque valoran los ideales de la Constitución. Cuando una corte los petrifica quiebra la posibilidad de que la gente perciba al derecho como un instrumento de cambio. Peor aún, sustituye al ciudadano y lo aísla en una cárcel de frontera entre las distorsiones y las falsificaciones. En ese sentido tienen razón Laura Gil y Martín Shapiro: cuando las verdades se distorsionan o se falsifican se vuelven mentiras.

*Ex senador, profesor universitario, @inefable1