Por: María Elvira Samper

Dolor de patria y dolor de estómago

El fallo adeverso de la Corte de La Hay nos cogió fuera de base, y no porque perder no haya estado entre las cuentas de los negociadores, sino porque los gobiernos, incluido el de Santos, nos montaron en el cuento de que todos los vientos soplaban a favor, pese a que había señales que indicaban otra cosa: los fallos de la Corte sobre más de una docena de diferendos limítrofes —ninguno reconoció la totalidad de las pretensiones a ninguna de las partes en litigio—, y el fallo de 2007 mediante el tribunal reconoce la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y se declara competente para delimitar la frontera marítima con el argumento de que el meridiano 82 no era el límite, como siempre lo había considerado el Estado colombiano. Fue el primer round que perdimos, pues la Corte aceptaba la validez de las ambiciosas pretensiones de Nicaragua, un país con un historial de reclamos sobre las aguas del Caribe que además considera que el Estado colombiano tiene una política expansionista.

La única que en todo estos años dio señales de alerta fue la canciller María Ángela Holguín, cuando sugirió que por “esas posiciones salomónicas de la Corte”, Colombia podía perder parte de lo que creía suyo. Le cayeron rayos y centellas, pero ahora que el fallo le da la razón (la dimensión de la pérdida es otro asunto), los cazadores de brujas quieren quemarla en la pira de la indignación nacional. Los verdaderos responsables son otros, pues cuando ella asumió la Cancillería, la suerte ya estaba echada, y si al gobierno actual le cabe una cuota de culpa es la de haber creado falsas expectativas al persistir en el camino del triunfalismo y el secretismo trazado por la administración Uribe. Al negarse a contemplar la posibilidad de un fallo adverso, como advertía la canciller, el presidente Santos perdió la oportunidad de preparar el terreno para amortiguar el golpe de una pérdida segura (la dimensión de la pérdida es otro problema) y, sobre todo, de preparar a San Andrés y a su gente para controlar el daño. No haberlo hecho tiene un costo político.

Hoy todo es confusión, y en medio de la indignación, el llanto y el crujir de dientes, el Gobierno se debate ante el dilema: ¿acatar o no acatar? Mientras tanto, mientras se despejan éste y otros muchos interrogantes, el expresidente Uribe se rasga las vestiduras y aprovecha para pescar en río revuelto, y hace política con la situación y llama a no acatar el fallo. Se le olvida que durante la XX Cumbre Presidencial del Grupo de Río, en 2008, le aseguró al presidente Ortega que Colombia respetaría el fallo de la Corte de La Haya, cualquiera que fuese el resultado. Al expresidente le da “dolor de patria” el fallo. A mí me da dolor de estómago ver cómo utiliza la situación con el mezquino propósito de sacar réditos políticos.

¿Caerá el presidente Santos en la tentación del desacato para no parecer débil frente a su más feroz opositor? La esperanza es que no. El fallo es obligatorio e inapelable, así el Gobierno disienta con algunos de sus aspectos, y considere desproporcionada la porción de agua que nos quita. El artículo 94 de la Carta de la ONU dice que “cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte”. Esas son las reglas del juego y la tradición del Estado colombiano ha sido respetarlas. ¿Cómo habríamos reaccionado si el fallo hubiera sido adverso a Nicaragua y el presidente Ortega decide no acatar el fallo? Escándalo total. ¿Entonces? Queda por delante lograr acercamientos con Nicaragua, hacer acuerdos de cooperación pesquera y, por qué no, buscar que Ortega se convierta en otro mejor amigo. Pero, por encima de todo, tomar en serio a San Andrés y a su gente, los verdaderos perjudicados.

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