Dos formas de gestionar la inclusión y la diversidad

Una, fomentando la diferencia; otra, buscando la igualdad.

Algunas personas interesadas en lo étnico-racial se mostraron inquietas por mi columna “El centro entre mayorías y minorías”, en especial un etnomusicólogo profesor en Boston University. La discusión sobre el Estado como agente de la ciudadanía universal y el multiculturalismo de Estado en Colombia hay que darla. Una problemática como la de la consulta previa no se resolverá bien sin tal discusión, por ejemplo. 

Sin embargo, aquí quisiera abordar el asunto por el lado práctico de la inclusión que busca reflejar en determinados ámbitos la diversidad de la sociedad. Mi punto es que se puede ser más eficaz en la inclusión desde un enfoque de modernidad liberal (vía cierre de brechas de desigualdad material) que desde una perspectiva multiculturalista (vía representación de la diferencia). 

El punto, sí, para facilitar el debate supone aceptar que las diferencias culturales en Colombia son expresivas y no sustantivas, con la salvedad de las comunidades indígenas.

Desde el punto de vista liberal, a nadie puede obligársele a ser “incluido”. Si la inclusión es deseada o voluntaria significa que existe un nosotros más amplio que el grupo del incluido, al cual este también pertenece culturalmente (un “nosotros” occidental). La adscripción al grupo o minoría, con frecuencia excluida, tampoco puede hacerse sin consentimiento o aprobación del individuo. 

Los multiculturalistas dicen que si estas premisas liberales se aplicaran a las minorías indígenas, se pondría en peligro su reproducción cultural. Tienen razón, y por eso se les reconoce una “jurisdicción”. Pero se trata de una excepción, porque nuestra Constitución dice que  “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley” (art. 13), y en cambio no dice que seamos una  “nación pluritétnica y multicultural” (parece increíble, pero es fácil verificarlo), en cuyo caso muchos podrían nacer no libres y no iguales en el seno de sus culturas autónomas. 

El mismo artículo 13 de la Constitución manda que “todas las personas (…) recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. Si este es nuestro principio fundante de sociedad, ¿cómo llegamos a las “ciudadanías  diferenciadas”? 

Llegamos por la vía del no tan “nuevo constitucionalismo”, que se pegó de un artículo perfectamente razonable, “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”, para llevarnos a un multiculturalismo de Estado, que goza de lo lindo promoviendo diferencias culturales donde no las hay o tratando diferencias expresivas como si fueran sustantivas. 

Con este esbozo de marco, tal vez podamos desafiar lo políticamente correcto en inclusión y diversidad. Actualmente, la inclusión busca la diferencia, categorizando a las personas por su característica distintiva. Para ser oído conviene mostrarse o ser “diferente”. Esta inclusión inmediatista choca con las limitaciones de la desigualdad: obtener el puntaje requerido en una prueba estandarizada no tiene que ver mucho con prácticas culturales, por ejemplo.  

En cambio, la inclusión que va a las causas de la falta de diversidad en ciertos ámbitos puede lograr cambios más duraderos al ampliar el número de participantes con la cultura y competencias que rigen los espacios donde se quiere ver reflejada a la nación.  Así sea un proceso lento y no tenga militantes intelectuales.   

@DanielMeraV