Dos reformas para fortalecer la tutela

El procurador Ordónez encontró en el alcalde Petro un aliado insospechado en su empeño por debilitar la tutela. Para salvarla de uno y otro, hay que despolarizar el debate y mirar con cabeza fría las lecciones del caos bogotano.

La primera es que no hace falta una reforma integral de la tutela como la que vienen proponiendo desde 1991 sus detractores, desde Fernando Londoño hasta el procurador. Porque el laberinto jurídico del caso Petro no comenzó con una tutela, sino con una sanción arbitraria del procurador, que además viola la Convención Americana de Derechos Humanos. Y el desorden de la última semana no se debe al uso de la tutela, sino a su abuso. El alcalde, otrora defensor eficaz de la tutela, terminó sacrificándola para salvar su puesto. Una cosa es que, con toda razón, Petro acudiera a los jueces para controvertir su destitución y la decisión infortunada del Gobierno de desacatar las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Otra muy distinta es que para ello alentara dos “tutelatones”, a sabiendas de que la tutela no estaba hecha para inundar las cortes de demandas que, inevitablemente, terminarían en fallos contradictorios y en un desconcierto tal que reavivaría los llamados a recortar la única herramienta con que cuentan miles de desplazados, pensionados, estudiantes, trabajadores y pacientes.

La respuesta de los defensores de la tutela ha sido la misma que ha funcionado durante dos décadas: oponerse a cualquier reforma. Temen, con razón, que discutir retoques sea abrir la puerta a quienes quieren debilitarla. Pero el caos bogotano deja una segunda lección: si se quiere fortalecer la tutela, es preciso defenderla también de quienes abusan de ella. El enfrentamiento entre Ordóñez y Petro marca un punto de no retorno, porque sienta un precedente para otras tutelatones que se ven venir contra decisiones (justificadas o no) del procurador y otros funcionarios públicos, con los resultados que están a la vista.

De modo que es mejor adelantar una reforma puntual, en lugar de esperar la contrarreforma general. Bastarían dos ajustes. Primero, un retoque al decreto que regula la tutela (el 2591 de 1991), para que se acumulen y se decidan en una sola sentencia los casos similares, como lo ha hecho la Corte Constitucional en su jurisprudencia sobre la población desplazada. Junto con sanciones a litigantes que promuevan las tutelatones, este cambio frenaría los abusos que desfiguran esta acción.

Segundo, es preciso un ajuste al artículo 230 de la Constitución, para hacer obligatorios los fallos de la Corte Constitucional, de tal forma que sean precedentes para los demás jueces. Se evitaría que casos iguales terminen con sentencias contrarias, como pasa hoy con las demandas sobre medicamentos o tratamientos médicos. El tiempo que gasta la Corte Constitucional corrigiendo esas diferencias mediante fallos que reiteran lo que ya ha dicho sería invertido en decidir ágilmente nuevos casos o unificar nuevos temas.

Eso es todo. Lo demás depende no de reformar la tutela, sino de corregir las fallas de leyes y trámites que dan lugar a miles de demandas. Por eso es vital que se apruebe la reforma a la salud que cursa en el Congreso, que ayudaría a que los médicos, los hospitales y las EPS resuelvan debidamente las quejas que hoy tienen que ser tramitadas por los jueces y componen cerca del 40% de las tutelas.

El mayor peligro para las instituciones que protegen a los débiles es que sean capturadas por los poderosos. Esa fue la suerte que corrió la Procuraduría. Hoy el riesgo es para la tutela. Por eso hay que reformarla a tiempo.