El asunto es grave, porque sutilmente cambiaría la forma como concebimos la gestión de la naturaleza.
Los páramos son esenciales para la conservación del agua, poseen biodiversidad única y tienen gran belleza, y sería deseable que fueran conservados. Pero esto no quiere decir que todos sean prístinos: muchos tienen una larga historia de transformaciones. Afortunadamente existen diversas estrategias de conservación: un conjunto importante ya está en el sistema de áreas protegidas, pero otra gran parte de ellos están habitados.
El marco del Programa Páramo Andino, instituciones de investigación, comunidades locales, ONG y el Gobierno venían promoviendo su manejo desde una perspectiva de beneficio local. Pero en medio de los iniciados procesos de conservación con equidad social apareció el Plan de Desarrollo, con la determinación de excluir toda actividad agrícola, ganadera y minera, trayendo confusión y polarización.
Hoy, identificar los páramos como ecosistema se ha convertido en delimitarlos como áreas protegidas que no admiten presencia humana. Y como en muchos páramos hay agricultura, ganadería y minería, se está llegado al absurdo de definir que sólo serán páramos aquellos que sean delimitados con fines de conservación. ¿Y el resto qué viene siendo? Mirada simplificadora que exacerba los conflictos socio-ambientales y pone en riesgo procesos legítimos de construcción social de la conservación.
Los páramos son parte de los ecosistemas alto-andinos, por encima de los 2.700 metros de altitud. Todos deben manejarse con criterios ambientales fuertes, lo que no quiere decir que siempre deban ser parques naturales. La ganadería y la agricultura campesinas deben manejarse para propiciar una justa transición hacia la conservación. El cultivo comercial de la papa debe excluirse de todas las zonas con valores ambientales. Lo anterior podría sustentarse en el pago de los servicios ambientales, a través de la restauración ecológica. La minería que existe de tiempo atrás en los páramos debe manejarse con criterios de reconversión ecológica y social, con concertados planes de salida. Por encima de los 2.700 metros no deberían aprobarse más títulos mineros, y se deberían cancelar paulatinamente los ya existentes. La discusión sobre el futuro debe hacerse apreciando el cambio ambiental global, que ya llegó a la alta montaña: en muchas vertientes será indispensable contar con todos los ecosistemas que sostienen el ciclo del agua, que no son sólo los que están dentro de los páramos actuales.
Pero el Plan de Desarrollo, en una interpretación de facilismo administrativo, podría llevar a que legalmente reconozcamos menos y más pequeños páramos, cerrando el paso a la adaptación humana en la alta montaña.
Los ecosistemas no son tipos abstractos, sino unidades concretas y diferenciadas en los territorios. No se definen por decretos, que sí pueden contribuir a equilibrar las relaciones conflictivas entre la sociedad y la naturaleza. Para ello tenemos áreas protegidas de diferente tipo y estrategias complementarias de conservación. Achicar los páramos sería una respuesta a una mala o insuficiente pregunta: ¿cuál es el manejo que se requiere en la alta montaña de Colombia?