Aclaraciones necesarias

Algunos estudiosos del funcionamiento del Estado creen que a veces es necesaria la intervención judicial en casos estructurales.

Eso que algunos han dado en llamar el “activismo judicial”, cosa que podría resultar peligrosa cuando interviene con labores propias del Ejecutivo o el Legislativo. Sin embargo, en casos graves de estancamiento institucional, en los que se estén vulnerando derechos, la labor de los jueces es destruir los círculos viciosos con medidas que no vayan mucho más allá de sus funciones: dar lineamientos para que las realidades cambien de forma estructural.

Así lo hizo a nuestro entender la Corte Constitucional con el fallo de 48 páginas que comprende la T-455 de 2014 de hace unos días: una sentencia de corte histórico, si se quiere. A grandes rasgos, el tribunal constitucional ha ordenado que se acaben las llamadas “batidas” del Ejército para llevar a la brava jóvenes a los cuarteles, y también el ya viejo tema de la objeción de conciencia que alguna persona puede declarar para no prestar el servicio militar obligatorio.

Todo ha quedado bastante claro con la resolución de esta tutela. Las reglas que se derivan de ella, para empezar a aplicarse desde ya, son específicas y entendibles. En primera medida, las autoridades militares no podrán “adelantar, autorizar, ordenar o permitir redadas o batidas indiscriminadas, dirigidas a identificar a los ciudadanos que no han resuelto su situación militar, con el objeto de conducirlos a unidades militares u otros sitios de concentración, para que presten servicio militar”. La prohibición se realiza frente a la interpretación que se tenía de la palabra “compeler” consignada en otra sentencia, que atañe únicamente al acto de inscripción para que se defina la situación militar de alguien.

Este diario ya había venido haciendo advertencias y reportajes sobre las batidas militares, que operaban, sobre todo, en barrios populares o en pueblos y veredas, para llevarse jóvenes pobres a prestar el servicio militar, lo que entrañaba, de paso, una extraña y directa discriminación contra un sector social determinado. Eso es lo que debe evitar un Estado, por supuesto: que, por condiciones económicas, una autoridad les dé a unos y a otros un trato distinto.

La objeción de conciencia queda ahora (como dictan los cánones de la intervención judicial) sujeta a términos concretos: en 15 días la autoridad deberá resolver cualquier caso en que ésta se presente. La cuestión no es menor cuando hemos visto en el pasado estas peticiones ahogándose en un marasmo burocrático. Ahora le corresponde al Ejército demostrar si la persona reúne o no los requisitos para aplicar esta protección constitucional. Con ello, la carga de la prueba (un oficio de cuidado) se traslada a los militares: ellos deberán indicar, con todos los requerimientos del caso, por qué a un joven lo cobija este beneficio.

Una aclaración importante, que no sobra en este nuevo paquete de normas, es que cualquier joven puede aplicar (durante cualquier momento) la objeción de conciencia: no importa el tiempo, el derecho prevalece sobre él. Verdad de Perogrullo. Por ello, en aras de la transparencia, el Ejército debe diseñar una cartilla en la que se consignen las causas de exención en la prestación del servicio militar.

Se trata entonces de un caso que se resuelve por lo grande con una serie de directrices estrictas y de fácil cumplimiento: todo esto redundará, sin duda, en la buena imagen de las Fuerzas Militares y en un mejor funcionamiento del Estado social de derecho que opera en Colombia. Un gana-gana, si se quiere. Por tanto, la noticia, más que ser tomada de manera ligera, debe aplicarse con todas las particularidades del caso.