Que adopten

Durante siglos, a las minorías se les restringieron sus derechos con excusas basadas en mitos superados. La historia ya ha demostrado la falsedad y el racismo propio de esas aseveraciones, por demás, irrazonables a los ojos del observador presente.

Hoy en día, sin embargo, a la comunidad LGBTI se le restringen sus derechos con excusas tales como que están “enfermos”, lo cual ya ha sido negado en reiteradas ocasiones por varias asociaciones médicas alrededor del mundo, o que el matrimonio entre parejas del mismo sexo es antinatural porque, por designio de Dios, “es entre un hombre y una mujer”. Olvidan que el matrimonio es desde hace mucho tiempo una institución civil que, por Constitución, obedece también a la voluntad libre de conformarlo.

En el caso de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, el argumento ha sido que la crianza de un niño por parte de una pareja homosexual perjudica al menor. Varios conceptos enviados a la Corte Constitucional y revelados ayer por este diario demuestran que nada de eso es cierto.

Lo dice el propio Ministerio de Salud: “No se han identificado riesgos para la salud y el bienestar de los menores”. Lo reitera la Universidad Javeriana: “Los hallazgos son consistentes en que sugieren que, a pesar de que enfrentan el heterosexismo en una variedad de contextos sociales (incluyendo el sistema de salud, el legal y el educativo), los padres LGB y sus hijos están funcionando bastante bien”. Y lo confirman ONG como Profamilia o el Colegio Colombiano de Psicólogos. No son simples opiniones.

La conclusión es clara: los menores criados por parejas homosexuales no se van a ver perjudicados. La Procuraduría, en su concepto enviado a la Corte, dice que esta discusión es producto exclusivo del “deseo” de los homosexuales de adoptar y que a quienes defienden la adopción por parte de parejas monoparentales no les importan los derechos de los menores. Falso. El mismo defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, lo ha dicho con claridad: “De pronto aparece una pareja de la comunidad LGBTI que quiere encargarse del futuro de ese menor, rodearlo de amor, de compañía, de educación al futuro, y ¿por el solo hecho de tener una condición sexual de esa naturaleza, vamos a interferir en el futuro de ese menor?”.

Ahora, pese a los conceptos científicos ya mencionados, algunos siguen esmerados en decir que éstos mienten, convirtiendo la discusión en un debate dogmático. Y eso no debe ocurrir. De la misma forma que el Estado respeta las creencias de sus ciudadanos, igualmente los ciudadanos debemos respetar el laicismo de las instituciones y entender que éstas deben fallar en derecho. El mensaje para la Corte Constitucional va en ese sentido: que falle en derecho y teniendo en cuenta los argumentos jurídicos y científicos de quienes se oponen y quienes avalan la adopción por parte de parejas homosexuales antes que sus creencias religiosas.

Lo señala la misma Iglesia luterana: “Que la Corte avance en la consolidación de los derechos familiares, tanto de niños y niñas como de personas no heterosexuales, da un mensaje claro a nuestra sociedad que requiere superar los sectarismos religiosos que a veces quieren salirle al paso al reconocimiento de los derechos de minorías históricamente estigmatizadas”.

Ninguna de estas consideraciones implica que no deba haber debate y que, si la Corte decide avalar la adopción por parte de homosexuales, ésta no deba ser controlada de cerca por las instituciones. Algo que igual ocurre, y debe ocurrir, con la adopción por parte de parejas heterosexuales. Desde estas páginas, sin embargo, sentamos nuestra posición al respecto: no hay razón alguna para no dejar que los homosexuales adopten.

 

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