Imposible, por supuesto, hacer un análisis global de la política entera: son muchos artículos, muchas implicaciones a largo plazo, muchos temas juntos que, según algunos de los críticos más severos, se metieron en una sola bolsa. Cecilia López, exdirectora de Planeación Nacional, por ejemplo, temía desde febrero de este año que el proyecto se convirtiera en una “colcha de retazos” para incluir iniciativas que el Gobierno no pudo aprobar en su primer mandato. Sea esto último verdad o no, lo cierto es que los temas son gruesos y están dispersos a lo largo del documento. Ocupémonos, por hoy, de la minería.
Una inquietud fuerte ha surgido por parte de un grupo de académicos (economistas todos) que, reunidos, manifestaron dudas frente a la minería. Una que nos llama poderosamente la atención: la centralización de la misma: ¿dónde queda la gobernabilidad de las autoridades locales? Todo lo que tiene que ver con explotación (licencias, estudios de impacto ambiental, impuestos, regalías) queda en manos de una autoridad en el centro del país y que, sin irnos muy lejos en el tiempo y en los casos, muchas veces pasa por encima de la autonomía local. ¿Concilia estos dos intereses en choque el nuevo PND?
Por otra parte, está el tema del licenciamiento “exprés”, al que se le da bastante prelación, con una autorización a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para que las tramite de manera integral y exclusiva, cosa que suena bien y resulta necesaria para acabar las demoras que la caracterizan. Todo esto debe ir en armonía con la consulta previa (catalogada por algunos como un “palo en la rueda”), que siempre ha sido un derecho inmanente a las comunidades que constituyen minoría. ¿Sí estará en consonancia?
Aunado a lo anterior, se levanta en el texto conciliado la posibilidad de que, dos años antes de vencerse un contrato de explotación minera, y encontrándose a paz y salvo con todas las obligaciones desprendidas del contrato, el concesionario podrá pedir su prórroga hasta por 30 años. Esto último ha prendido las alarmas de algunos opositores, como el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien lo ha catalogado como “un futuro sombrío en materia ecológica y ambiental”. Más allá de esto, la cifra sí resulta alta: tres décadas de más explotación a cuenta de si resulta conveniente para los “intereses del Estado” y cumpliendo criterios que establecerá el Gobierno Nacional. ¿Cuáles son esos criterios? ¿Podría parar esa prórroga de 30 años? ¿Cómo podría impedirse?
Finalmente, sí quisiéramos una respuesta concreta sobre la minería ilegal, pues muchos anuncios ha hecho el presidente Juan Manuel Santos acerca de su lucha contra ella, pero poco es lo que se ha visto al respecto. Ya va llegando la hora de delimitar y diferenciar la artesanal de la ilegal y tomar medidas que (en consonancia con el principio de concurrencia con las entidades locales, que mejor conocen su realidad) den un golpe contundente contra ella. ¿Cuándo podremos saber de estas medidas?
Esas son, por ahora, nuestras dudas.
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Por El Espectador
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