Arando en el viento

Opinamos en varias ocasiones que la reforma al fuero militar era innecesaria.

No solamente por tratarse de un tema que ha quedado reducido en el mundo a delitos como el de la deserción, sino porque podía ser la apertura de una peligrosa puerta: la de la impunidad. Sin embargo, fue aprobado debate tras debate. Aramos, pues, en el viento.

Harto dijeron los miembros de las Fuerzas Armadas (y los defensores de la iniciativa) que se sentían desprotegidos y faltos de legitimidad cuando un fiscal civil los investigaba por sus actos o un juez civil los condenaba por sus desvíos. No se dieron cuenta de que pedir con insistencia una normatividad que ampliara el fuero podría ser mucho más desfavorable para su imagen. Igual lo hicieron, anclados, muchas veces, en argumentos sin sustento: que un juez civil no conocía lo suficiente de las cuestiones castrenses. Como si en un caso de violación de derechos humanos no fuera suficiente, simplemente, conocer la ley y aplicarla. O como si, para otros efectos, hubiera varias jurisdicciones.

En muchos casos podría ser confusa la cuestión para un juez civil: decidir, en un evento particular, aplicar entre el Derecho Internacional Humanitario o las normas clásicas de la legítima defensa. Pero la duda no se resuelve enviando el caso a un juez militar, sino aclarando las normas que regulan la guerra. No cambiando una norma procesal se transforma el vacío legal que existe a nivel sustantivo. Así lo aclaró Rodrigo Uprimny en este diario hace cuatro meses. Y así lo refrendaron, también, los relatores especiales de la ONU en cuestiones de derechos humanos.

La aprobación de esa ley, ahora nos dicen, debe regularse a través de una ley estatutaria a la que el Partido Conservador pide ponerle trámite de urgencia. ¿Para que se apruebe a pupitrazo? Ojalá que no; ojalá, más bien, se discuta y se tengan en cuenta los argumentos contrarios para no entrar en un problema gigantesco de derechos humanos que tenga que ver con las Fuerzas Armadas. Ellas y sus defensores deberían ser los primeros en poner el grito en el cielo para que la discusión sea razonada.

98 artículos componen este proyecto de ley estatutaria. En él, por ejemplo, se califica como “grupos al margen de la ley” a las bandas emergentes —aquellas que excedan el poder de las instituciones de orden público—, dando a entender que toda la fuerza del Estado puede irse contra ellas. Por su poderío (que lo ejercen), por sus armas (que las tienen) y por ser redes al servicio del narcotráfico (que lo son), ¿pueden bombardearse?, pregunta lógica que ha hecho la prensa. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dice que no, que no se trata de eso. Que se trata de una serie de normas que limitan o aclaran el uso de la fuerza. La duda, la ambigüedad, sin embargo, persisten en las cabezas. Como en casi todo lo aprobado. ¿También en los jueces del futuro? Estará por verse.

Hay más. Se excluyen de la justicia penal militar, enhorabuena, delitos como las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, la violencia sexual, el genocidio, el desplazamiento forzado, la desaparición. Pero añade cosas: exoneración penal cuando el delito sea un error, en los casos de legítima defensa o cometido siguiendo las órdenes superiores. Y lo dice sin más el proyecto, como si la Corte Constitucional no hubiera recalcado, en varias sentencias, que este último punto no es permitido dentro de un ordenamiento jurídico como el nuestro.

Varios puntos complejos, densos, que dan para un debate largo que no puede hundirse en el marasmo de las reducidas sesiones que le quedan al Congreso. Esperamos que así sea. Una garantía de toda ley estatutaria es que tiene control previo por parte de la Corte Constitucional. Pero primero viene el debate en el Legislativo. Ojalá esté a la altura. ¿Aramos en el viento?