La ‘Ley mordaza’, ideada por Niccolò Ghedini, diputado del Pueblo de la Libertad (PL), el partido de Berlusconi, sobre el papel tiene por objetivo defender la intimidad de las personas. Una propuesta nada insensata si se piensa que en Italia, a diferencia de otros países, las interceptaciones telefónicas son bastante comunes, se hacen sin demasiadas restricciones y pueden, en ocasiones, alimentar chivas noticiosas en diarios motivados por el rating habitual que promete el destape de la privacidad de una figura pública.
Hasta ahí, el debate, que nunca se dio en el Parlamento —como es seguro que no se dará en la Cámara, en donde el Gobierno también controla las mayorías—, bien habría valido la discusión, e incluso la intensa polarización que ocasionó en los medios de comunicación y los partidos opositores. Pero las buenas intenciones de la ley parecen tener otros fines. Por lo menos, otros efectos. Porque, de aprobarse el proyecto de ley, ya no será tan fácil como antes interceptar teléfonos, pero tampoco lo será adelantar importantes investigaciones judiciales, que ya han dado resultados, contra la mafia y la corrupción.
La ley establece que las escuchas telefónicas sólo podrán realizarse en los casos en que el fiscal detecte “graves indicios de delito” y durante un plazo máximo de 75 días, renovables de tres en tres. Impide la utilización sin autorización de micrófonos ambientales en lugares privados y prohíbe, además, la publicación de las grabaciones en la prensa durante la investigación preliminar, so pena de sanciones económicas para los editores y cárcel para los periodistas. Quiere ello decir que hasta tanto termine toda la pesquisa judicial, que por lo general puede tomar años, nadie estará autorizado para alertar a la ciudadanía de los presuntos delitos que han sido cometidos —o que se están cometiendo—.
Como lo han anunciado sus principales opositores, este es un proyecto de ley que le será de mucha utilidad al propio Berlusconi, cuyo gabinete ha sido objeto de una intensa investigación por corrupción en obras públicas que llevó, de hecho, a la dimisión del ministro de Industria, Claudio Scajola. Antes que en defensa de la democracia y el derecho al buen nombre, la ley parecería hecha a la medida de los intereses inmediatos de Il Cavalieri. Y se podrían beneficiar de ésta, como lo sugirió desde Milán el fiscal adjunto Armando Spataro, especializado en delitos de corrupción, terrorismo y mafia, “todos los criminales”.
De ser aprobada definitivamente, para lo que también requiere de la firma del presidente Giorgio Napolitano, habrá obvias restricciones para la prensa. De ahí las protestas de los medios de comunicación, que ya han comparado, con excesos, la actitud del primer ministro con la del dictador italiano Benito Mussolini. El periódico La Reppublica circuló la semana pasada con su portada en blanco y un papel adhesivo amarillo en el que se leía: “La ley mordaza niega a los ciudadanos el derecho a ser informados”. Lo propio hizo la cadena televisiva de noticias Sky24, que puso una franja negra en señal de luto en el ángulo superior derecho y la acompañó de un “contra la ley mordaza de las escuchas telefónicas”.
Y así mismo otros medios de comunicación; cabe agregar que con razón, pues este es, en últimas, un intento que busca controlarlos. Tentación permanente del poder político.