Este episodio deja importantes lecciones para Colombia. Lo que pasó en Derry podría haber tenido un desarrollo distinto si Londres no se hubiera empeñado en el “tapen-tapen”, al culpar a los civiles de utilizar armas de fuego contra el ejército inglés. A pesar de que todo indicaba que los disparos provinieron de las tropas, una comisión oficial exoneró de responsabilidad a los militares argumentando legítima defensa. ¿La reacción obvia? Un gran odio e indignación entre los católicos norirlandeses y su consiguiente apoyo al IRA, grupo que en los siguientes años produjo el peor baño de sangre del conflicto mediante atentados terroristas y asesinatos selectivos que dejaron cerca de mil quinientos muertos.
Con el tiempo llegaría la paz, tras los acuerdos logrados entre las partes en 1998, y se creó una Comisión Especial encargada de volver a analizar lo ocurrido en Derry. El Ira, por su parte, decidió en 2002 reconocer los asesinatos de personas desarmadas y pedir perdón. Ocho años después lo hace el gobierno, luego de que la Comisión entregara su informe final. Tarde, no hay duda, pero era un elemento importante para cerrar este capítulo. Como elemento para resaltar, la mayoría de los familiares de las víctimas no desean entablar acciones judiciales contra los causantes de la masacre; les basta con conocer la verdad derivada del esclarecimiento de los hechos, con el reconocimiento de Cameron y la petición de perdón gubernamental.
Contrasta esta historia con situaciones vividas en nuestro país. Aquí son demasiados los sucesos sangrientos que han tenido lugar en medio del conflicto armado de los últimos 50 años. No obstante, nunca es tarde para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, como la labor que con seriedad adelanta el Grupo de Trabajo de Memoria Histórica, y entrar a aceptar los hechos manifiestos de violación de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, la falta de sentencias por las masacres y homicidios llevados a cabo no hacen sino acrecentar el sentimiento de impunidad hacia los responsables, y aumenta la impotencia de quienes esperan que la justicia pueda aclarar lo sucedido.
Precisamente eventos recientes, que ya habíamos señalado con preocupación en este diario, demuestran que la visión del alto gobierno en este escabroso terreno parece estar más dirigida a deslegitimar las acciones judiciales tendientes a resolver estos hechos o, en otros casos, a solidarizarse con aquellos que han sido señalados como responsables de delitos de lesa humanidad, que a buscar la verdad. Sirva de ejemplo cómo el presidente Uribe se vino lanza en ristre contra los funcionarios judiciales que, en cumplimiento de su importante labor, señalaron culpabilidades por acontecimientos tan dolorosos como la desaparición de 11 personas en el operativo de retoma del Palacio de Justicia, así como por las chuzadas y seguimientos del DAS.
La forma cierta y válida de aclimatar la paz es con la verdad en la mano, previo esclarecimiento de los hechos y la posterior acción judicial para castigar a los responsables. Que el gobierno conservador de Cameron haya tenido la valentía y entereza para aceptar dichas realidades, por dolorosas que sean, es una clara demostración de que cuando hay voluntad política y deseo cierto de lograr la paz, no hay otro camino posible de actuación.