Ley de Justicia y Paz, verdades y más verdades

En los gobiernos Barco, Gaviria, Samper o Pastrana, salvo difusos acercamientos, nunca cuajó la idea de una negociación. Pero desde que se hizo posible en los tiempos de Uribe, una cascada de desmovilizaciones obligó a que se tramitara la Ley de Justicia y Paz que, de conformidad con los principios de la justicia transicional, surgió para encontrar un equilibrio entre justicia, verdad y reparación que cierre el círculo vicioso de la guerra.

El proceso contó, desde el principio, con críticos severos y observadores nada complacientes. Era claro que el propósito de homologar a los paramilitares con sediciosos representaba un desafío jurídico. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia terminaron demostrando que no era posible hacerlo y que el mínimo delito a tener en cuenta era el concierto para delinquir. De entrada, el componente de la justicia quedó enredado, pero en aras de alcanzar la paz se acordó que a cambio de la desmovilización se pactaran penas mínimas de cárcel, entre tres y ocho años. ¿Y qué decir de la reparación? La improvisación para hacerla efectiva se fue volviendo un lugar común sin que hasta hoy se vean resultados concretos.

En cuanto a la verdad, tarde o temprano quedaría claro que este era el factor crítico y, al mismo tiempo, el gran aporte. ¿Estaba preparada la sociedad para enfrentar las verdades del paramilitarismo? Según la Fiscalía, hasta la fecha han sido confesados 11.000 homicidios y 1.500 desapariciones forzadas, eso sin contar episodios de desplazamiento, torturas, masacres, reclutamiento de menores o narcotráfico. La muestra del tremendo impacto lo representa el escándalo de la parapolítica que aún sacude a la sociedad colombiana. La paraeconomía apenas arranca y nadie puede calcular hasta dónde puede llegar. Ese era el riesgo del proceso, pero no podía esperarse menos. El paramilitarismo infiltró al Estado o incluso en algunas regiones entró a suplirlo. Y eso es lo que está saliendo a flote. Después de cinco años los resultados empiezan a verse. La primera sentencia contra dos jefes del paramilitarismo, a Edward Cobos, alias Diego Vecino, y a Úber Bánquez, alias Juancho Dique, por la masacre de 11 campesinos y el desplazamiento de 300 familias en Mampuján, corregimiento de María La Baja, entre el 10 y 11 de marzo de 2000, deja muchas lecciones. Fueron condenados a ocho años de cárcel y a pagar millonarias sumas a los hijos, padres y esposos de los campesinos asesinados, además de otras cantidades para los desplazados y secuestrados. Justicia poca y reparación pendiente. Pero esas fueron las reglas de juego, el sapo que la sociedad tendrá que tragarse para que supuestamente el paramilitarismo pase la página. Y así va a ser con otros jefes de las autodefensas.

Es decir, la justicia obligada a saldar cuentas por lo bajo y la insuficiente reparación a seguir en deuda con las víctimas. En cambio la verdad es, por ahora y a cuenta gotas, el componente de mostrar en la Ley de Justicia y Paz. Ahí están quedando registradas las evidencias de la barbarie y a ella se enfrentarán las nuevas generaciones. ¿Cuál es el costo? La creciente evidencia de que la corrupción del paramilitarismo lo penetró todo y que muchos poderosos se sumaron. Ciertamente resulta difícil asomarse a ese espejo y no reconocer que por defender al Estado terminó por crearse un monstruo que ahora revela quiénes fueron sus defensores, auxiliadores, protagonistas y beneficiarios.