Éstas han sido víctimas de masacres, homicidios, secuestros, desplazamientos, confinamientos, señalamientos, reclutamientos forzados y amenazas. Entre 2002 y 2009 alrededor de 1.400 indígenas murieron por el conflicto armado y otros miles se vieron obligados a abandonar sus tierras. También han sufrido la invasión de cultivos legales e ilegales, la explotación de la minería e hidrocarburos, las obras de infraestructura y la expansión de la ganadería. Por último —y a diferencia de los campesinos— los grupos indígenas han vivido una difícil exclusión cultural. Asuntos que para ellos son dignos de respeto, para muchos son meras fantasías bárbaras. Y por ello, han sido ignorados.
En Colombia viven cerca de 1,4 millones de indígenas pertenecientes a cerca de 85 etnias. Todas ellas con una cultura y un lenguaje propio y una forma de vida que resguarda valiosas tradiciones. No obstante, la protección de estas formas de vida ha sido limitada. Prueba de ello, como lo declaró hace dos semanas la ONU, es que 34 comunidades indígenas se encuentren hoy al borde de la extinción. Aunque no toda la culpa es directamente del Estado, pues han sido los grupos al margen de la ley los que han propiciado el mayor número de daños, la falta de esfuerzos comprensivos y consistentes de las autoridades ha permitido tragedias que hubieran podido ser evitadas.
Por estos y muchos otros motivos la marcha del pasado 21 de julio es perfectamente legítima. Las comunidades indígenas están en todo su derecho de visibilizar su tragedia de la misma forma que los campesinos que los acompañan. Pero el derecho al fin no les concede el derecho a los medios. Y sí obraron mal al romper los candados de la Universidad Nacional e invadir el campus. Es importante recordar que los derechos de los demás no se suspenden durante las protestas. Los 40 mil estudiantes de la Nacional merecen que se les respeten sus clases y sus espacios. Con la toma, la vida administrativa quedó suspendida y con ella el inicio de las clases. Hubo además daños en la infraestructura y desorden en los espacios comunes.
La Universidad Nacional es la más grande e importante de Colombia. Sus 94 programas de pregrado, 114 especializaciones, 38 especialidades, 131 maestrías y 46 doctorados hacen que el país se mueva en la dirección que sugieren las pancartas de las manifestaciones. Es el principal claustro investigativo y tal vez uno de los únicos centros de movilidad social. Es además un espacio de formación académica y política, vital para el buen desarrollo del país. A pesar de ello, la Universidad Nacional no es un símbolo de respeto, sino por el contrario, de repetidas transgresiones. De las cuales, cabe recordar, queda poco además del daño.
La marcha indígena del 21 de julio fue muy importante y le llega al país en un momento en el que debe volver a concientizarse del daño que sufren estas comunidades. En especial, porque se avecina una bonanza minera que sin regulación hará estragos con varias de ellas. Sin embargo, los medios utilizados, más que generar simpatía, generaron un rechazo por parte de la opinión pública. Y no sin razón. Después de tantas protestas que han vivido las ciudades, sus habitantes han aprendido que el reconocimiento no se gana a las patadas. La reivindicación de los derechos de los unos no autoriza a transgredir los derechos de los otros. Hay que construir una sociedad donde prevalezca el respeto y, esto es, por parte y parte, sean cuales sean las partes implicadas.