El trasfondo de las chuzadas del DAS, los falsos positivos, la yidispolítica, la parapolítica y la ahora llamada “cuellopolítica” hacía altamente inoportuno poner en riesgo la independencia de las ramas del poder y alterar con ello la estabilidad de la democracia. Estabilidad que, por lo demás, implica también que cada gobernante se restrinja a su período. Proyectos de ley a un par de semanas de la cesión del mando no sugieren más que la voluntad del actual gobierno de querer imponer su agenda al sucesor, como si fuera su dueño y señor.
No le bastó con las repentinas denuncias ante la OEA —conocidas de tiempo atrás, por lo demás— y la riesgosa turbulencia internacional que desató como resultado; el presidente Uribe tuvo además que avivar la confrontación con la Corte Suprema de Justicia. Por fortuna, como debe ser, el presidente electo se ha mostrado autónomo en sus decisiones y su elección de ministros ha respondido —en buena parte— al interés del país. Situación que se reafirma con este nombramiento. Poner al frente de la cartera del Interior y Justicia a un ministro dispuesto a acordar con la Rama Judicial las definiciones que la afectan, es decidir ponerle fin a la insensata lucha de poderes que ha dominado dicha relación. Una postura que, si bien es más fácil anunciar que sostener, no deja de ser un gran alivio para la vida interna del país.
De esta manera, y muy a pesar de las furiosas declaraciones del vicepresidente, Francisco Santos, el nombramiento de Vargas Lleras en la cartera del Interior y de Justicia llega en un momento acertado. En especial, porque un buen mediador entre los poderes públicos promete mitigar los malestares que de todas formas habrá de generar la reforma que se le debe a la justicia y ya se ha anunciado. Ciertamente no será fácil reorganizar —o eliminar— el Consejo Superior de la Judicatura, cuya Sala Disciplinaria viene desde hace un tiempo dando tumbos de fallo en fallo. Tampoco será elemental lograr un sistema judicial más ágil y eficiente. Y mucho menos lo será evitar que los procesos de los congresistas terminen en manos de unos jueces de bolsillo. De aquí que, para llevar a buen término la reforma, un manejo hábil y prudente se haga tan necesario.
Un motivo más para celebrar el cambio de estilo del nuevo gobierno que, a pesar de las destempladas reacciones del uribismo furibundo, ha traído más aplausos que recelos. Un tono más conciliador es la puerta para un gobierno más equilibrado, capaz de adelantar sus proyectos sin entrar en la confrontación impositiva. No se sugiere con esto que la nueva actitud resolverá por sí sola todos los problemas. Sin embargo, una mayor conciencia de las instituciones y un respeto hacia ellas no sólo hará que se consolide la democracia, sino que se suavicen las diferencias entre los poderes.
A sólo ocho días de la posesión, este bienvenido cambio de estilo, y las expectativas que trae consigo, deberían ser suficientes para que el gobierno saliente deje de pretender que va a continuar por siempre en el poder. Pobre contribución a la transición democrática aquella de llamar traición a la diferencia. El hecho de que el presidente Santos haya llegado al poder con la bandera de una identidad ideológica con su antecesor no constituye una camisa de fuerza que impida restablecer la institucionalidad del país y con ella el equilibrio de los poderes. No tiene sentido repetir la misma historia. Ya hemos visto que los manejos arbitrarios dañan mucho más de lo que resuelven. Bienvenido el restablecimiento del sistema de pesos y contrapesos que se nos anuncia.