El lío de la salud

Su fracaso significó un problema más para la administración Santos, que ahora debe lidiar tanto con las bajas tasas de cotización como con las deficiencias inherentes al sistema y que significan miles de millones de pérdidas anuales, pues tal y como están definidas las reglas, hay espacio para todo tipo de abusos y manejos desleales. El principal de ellos es el recobro, que en 2007 significaba un costo de $540 mil millones adicionales al costo de la salud y este año alcanzará los 2,6 billones, sin mencionar los 600 mil millones que andan en pelea entre el Ministerio de Protección Social y las EPS. El lío con estos dineros es que no son costos sino sobrecostos, que se presentan por la falta de regulación y que van a parar no en la atención de los pacientes, sino en los bolsillos de todos aquellos situados en la viciosa cadena de la salud y sus abogados.

El proyecto de ley estatutaria radicado la semana pasada por el Gobierno consiste en una serie de modificaciones al sistema que, sin cambiar su estructura, pretenden mejorar su blindaje. El principal de ellos es la redefinición del POS, pues como van las cosas, este año se cerrará con un 15% de tratamientos y medicamentos formulados por fuera del listado ya negociado, cifra que indica, por un lado, que los colombianos están teniendo enfermedades y siniestros sistemáticamente no cubiertos y, por el otro, que las EPS están haciendo fiesta con los dineros del Estado. El motivo es el siguiente: bien por el régimen subsidiado o bien por el contributivo, las EPS reciben una prima a cambio de las atenciones a sus pacientes. ¿Cuáles? Las que estén listadas, con medicamentos y tratamientos, en el POS. Si el paciente requiere de algo que no se encuentre en la lista, debe pedirlo a un comité de expertos de las EPS. Éste tiene dos alternativas: aprobar la solicitud y pedir el recobro al Estado, o negarla. Si la niega, el camino de la tutela sigue abierto y, de ganarla el paciente, la EPS está obligada a cubrir el tratamiento y sólo será compensada por la mitad de su costo.

El problema con los tratamientos y los medicamentos que no están en el POS es que no están negociados. Ha habido casos en que las EPS han pasado cuentas por hasta cien veces su valor real. Exceso que, si se multiplica por los dos millones de recobros al año, ofrece una imagen clara de la magnitud del problema. Por eso hace bien el Gobierno al buscar, con estudios epidemiológicos y demográficos —que por lo demás serían los primeros, pues, a hoy, seguimos sin saber con rigor de qué nos enfermamos los colombianos—, redefinir el listado del POS. Hace bien, también, al designar un comité de expertos independiente de las EPS, pues es claro que, además de aceptar todo tipo de tratamientos innecesarios para lograr los recobros, éstas pasan cuentas por tratamientos que ya están en el POS. Finalmente, hace bien al valerse de todos los mecanismos posibles para negociar mejor los medicamentos y romper tanto con la mala fama de los genéricos, como con los muy amañados monopolios farmacéuticos.

¿Contrarrestará todo esto el problema de las tutelas? No. Las tutelas en el país son una especie de poder supranormativo cuyo control podría darse sólo desde una reforma interna con respecto a sus alcances y sobre esto nada puede hacer el sistema de salud. ¿Solucionará la reforma los excesos de las EPS? Tampoco. Sigue habiendo espacios para que las más oscuras maniobras se sigan dando. ¿Cuál es entonces la ventaja de la reforma? Que se reducirán los recobros y que los perversos intereses la tendrán mucho más difícil. Es decir, se consolidaría el sistema y se perderían muchos menos millones en corrupción. Avance gigantesco por donde quiera que se le mire. La reforma ciertamente no es la panacea, pero es importante que en medio de la discusión el Gobierno la haya echado a andar. La inmovilidad, en este caso sólo trae más millones de pérdidas.