Crítica situación carcelaria

AL INICIO DE LOS AÑOS 90, DURANte la intensificación del narcotráfico, la capacidad de las cárceles del país se amplió en 6.000 cupos.

El aumento de los reclusos fue, sin embargo, de 18.000. Durante el gobierno Uribe, la capacidad carcelaria se duplicó, pese a ello se tienen hoy cerca de 22.000 reclusos más que el espacio disponible. Este tope histórico ha venido incidiendo en la radical incapacidad de las cárceles del país de ser, como lo ordena la Constitución, centros de resocialización. Según cifras del Inpec, menos del 30% de la población carcelaria tiene una ocupación durante su pena y ésta no es una que ayude a la reinserción en el mercado laboral. En programas educativos, la otra fuerza resocializadora, la participación no llega al 40%. La capacidad rehabilitadora de las cárceles no sólo es cuestionable, de hecho, el efecto parece ser el contrario: la misma marginalización de la sociedad se reproduce e intensifica en los centros penitenciarios, al punto que sucede con frecuencia que sólo quienes pueden pagar el precio en mercados internos acceden, por ejemplo, a un colchón.

Aunque los titulares se los llevan escándalos como el Proceso 8.000, la parapolítica, la yidispolítica, el cartel de la contratación, las chuzadas del DAS o AIS, quienes terminan tras las rejas, en su mayoría, no son éstos ni otros delincuentes de cuello blanco. Según una investigación realizada por la Relatoría de Prisiones de la Universidad de los Andes, se trata en su mayoría de hombres (90%), entre los 16 y los 30 años (57,7%), sin educación primaria (43%) o sin bachillerato (48%) que se encontraban desocupados o trabajando informalmente antes de cometer el delito. En el estudio se resalta además que, con excepción de los detenidos por narcotráfico (7%), los delitos del conflicto armado —secuestro, terrorismo, rebelión— no terminan en prisión. Es decir, en las penitenciarías acaban, normalmente, sólo los criminales de más fácil captura y que, más allá de la naturaleza de su crimen, se llevan todo el peso de la política criminal, orientada, por lo general, a la encarcelación.

Así, como si el hacinamiento y la incapacidad resocializadora de la cárcel no fueran ya problemas suficientes —según un informe de la Contraloría, en 2006 el gasto en programas de resocialización representó apenas el 1,6% del presupuesto de la institución—, los centros de reclusión en Colombia son, en exceso, discriminatorios. Tanto es así, que la minoría de reos de cuello blanco y de altas jerarquías legales o criminales que no se logran saltar el sistema penal terminan siendo protagonistas de los más bochornosos escándalos por todas las concesiones que reciben en sus “prisiones”. Y es por estos escándalos y otros tantos de corrupción —no por 79.730 reos hacinados sin programas de resocialización— que las prisiones y el Inpec cayeron, de nuevo, en el debate público.

El presidente Juan Manuel Santos, valiéndose de las facultades extraordinarias que próximamente le dará el Congreso, adelantará una reestructuración de la administración nacional carcelaria, que implica la liquidación del Inpec. En buena hora adelanta el Gobierno esta reforma. No obstante, los centros penitenciarios, si bien necesitan reorganizarse y tecnificarse, son sólo la consecuencia visible, el último eslabón, de una política criminal y de un sistema penal que merece ser revaluado. Hay quienes siguen insistiendo que la criminalidad se debe a la debilidad de la respuesta estatal y que no sólo su efectividad, sino el aumento de las penas son requerimientos necesarios para generar suficiente capacidad disuasiva. Sin embargo, el problema es más complejo, y ciertamente no se soluciona incrementando el número de prisiones, con todo y la sensación —normalmente falsa— de seguridad que tal acción provea. Llevamos más de una década ampliando los cupos carcelarios, éste es un buen tiempo para revisar lo recorrido y reabrir el debate.