La captura de Joaquín Pérez

Pérez, identificado con el alias de Alberto Martínez, era buscado por la justicia colombiana por su vinculación con las Farc. Desde su captura, la extrema izquierda venezolana y algunas ONG han salido en su defensa. “Periodista, no terrorista”, se leía en las pancartas. Sin embargo, su presunto crimen no es “informar de la causa revolucionaria”. Pérez Becerra, según se reveló con los computadores de Raúl Reyes, figuraba en la nómina de las Farc y se presume es colaborador activo de su diplomacia, algo que, a pesar de lo aparentemente inocuo de su nombre, significa formar parte orgánica de la estructura criminal; por esta vía se consigue la radicalización de sectores y los recursos para sostener el conflicto. Ser diplomático de las Farc es dar apoyo logístico a un grupo al margen de la ley, algo que, a todas luces, va mucho más allá de cualquier labor periodística.

En concreto, los cargos sobre Pérez Becerra imputados por la justicia colombiana son: concierto para delinquir, financiación de grupos terroristas y administración de bienes producto del terrorismo. Se está diciendo, sin embargo, que su ciudadanía sueca sería impedimento. El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, ha dicho que Pérez Becerra llegó al país nórdico con falsos documentos y que, por tanto, no tiene tal ciudadanía. Sea esto cierto o no, es irrelevante. Es por los crímenes cometidos en el país y no por su nacionalidad que se le busca. El asilo político, en el que se encontraba, tampoco es motivo para impedir el accionar de la justicia, pues éste exige mantenerse dentro de ley y lejos de actividades públicas. Por esto, si bien la Embajada sueca ha anunciado la defensa de Pérez Barrera, como debe estar seguramente establecido en el procedimiento institucional, es diciente que ésta no haya apelado a las figuras internacionales a su disposición, las cuales podría utilizar ante excesos sobre alguno de sus ciudadanos.

Así las cosas, la detención de Joaquín Pérez Becerra ni es un atentado a la libertad de prensa, ni es un exabrupto de la justicia capaz de generar tensiones con Suecia. Se trata sólo de la captura de un miembro importante de la diplomacia de las Farc, que golpea duro al grupo insurgente. Pérez Becerra es el tercero al mando en el ala exterior, bajo Granda y Trish. Su captura, sin duda, es clave para impedir que se reconstruya la diplomacia de las Farc tras la muerte de Raúl Reyes, tarea que se estaba adelantando con prontitud.

Aunque no dejó de sorprender que el presidente Hugo Chávez deportara a Pérez Becerra a pesar de la reticencia que mostraron los seguidores de su revolución bolivariana en sus manifestaciones y peticiones —El Movimiento Continental Bolivariano (MCB) presentó un recurso de amparo ante un tribunal venezolano—, tal gesto es difícil de interpretar en el marco de un real compromiso con Colombia y su lucha contra la insurgencia. Walid Makled y el inmenso riesgo que éste representa para la estructura del poder venezolano fue seguramente la ficha de juego con la que se consiguió la deportación del editor de Anncol. Falta ver cómo aprovecha el Gobierno Nacional esta carta blanca para lograr llegar hasta, por lo menos, alguno de los más altos cabecillas que todo indica continúan en territorio venezolano. No deja, sin embargo, de causar sospecha, o por lo menos intriga, que Pérez Becerra llegó a Venezuela, según lo reportan algunas fuentes, por un llamado de urgencia que le hizo, en días anteriores, el propio Iván Márquez.