Colombia en La Haya

Si, como se suele decir, todo colombiano es abogado hasta que se demuestre lo contrario, vale la pena tratar de abordar este importante asunto con cierta frialdad.

Los hechos generales son conocidos. Colombia y Nicaragua firmaron un tratado en 1928, el Esguerra-Bárcenas, mediante el cual se establecieron los límites marítimos con el país centroamericano y en el cual se reconoció a Colombia la soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia, compuesto por una serie de islas, islotes y cayos, como un todo, sobre la base de los títulos históricos que poseía el país desde tiempos de la Colonia. Colombia, por su parte, reconoció a Nicaragua la soberanía sobre territorios continentales en la costa de la Mosquitia.

Luego de que los sandinistas llegaran al poder, comenzaron las reclamaciones nicaragüenses sobre dicho territorio al desconocer la validez del Tratado. No se necesita ser experto en derecho para entender que quien firma un contrato se obliga a su cumplimiento. Esto es lo que los expertos llaman el Pacta sunt servanda, es decir, que los estados, como las personas, se obligan a respetar aquello a lo que se comprometieron o imperaría la ley de la selva. Por esto Colombia alegó con sobrada razón que no había nada que definir con Managua al respecto, pues nuestro país ha sido respetuoso al honrar sus compromisos internacionales.

Nicaragua, país que ha desconocido tratados similares con algunos de sus vecinos, decidió entonces llevar el caso ante la CIJ en 2001, bajo el argumento de que el Tratado se había firmado mientras el país estaba ocupado por Estados Unidos y que los límites marítimos no estaban claramente establecidos. Su pretensión ha sido la de reclamar unos 50.000 km² en el Caribe, los cuales incluyen las islas y los cayos que constituyen el archipiélago.

Colombia, con la conducción de la persona más experimentada en este tipo de temas, el excanciller Julio Londoño Paredes, y del también excanciller Guillermo Fernández de Soto, conformó un equipo de primera línea con los profesores Crawford, Bundy y Cohen, reconocidos expertos mundiales. En sus manos ha estado nuestra defensa sobre la base de que la soberanía colombiana “está apoyada por los títulos, por el derecho, la historia, la geografía, por un ejercicio ininterrumpido de jurisdicción y soberanía desde el virreinato de la Nueva Granada”.

La Corte emitió en 2007 una primera decisión y le dio la razón a Colombia al reconocer la validez del Tratado y nuestra soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, mantuvo abierto el caso para “definir qué otros cayos —fuera de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina— hacen parte del archipiélago y cuál es la delimitación marítima entre los dos estados”, según Londoño Paredes. Por este motivo las dos partes se encuentran ahora en La Haya, en los alegatos finales, y antes de fin de año se conocerá la decisión definitiva.

¿Qué se puede esperar entonces? Con las pruebas en la mano y los argumentos jurídicos aducidos, la canciller Holguín ha dicho que se siente optimista, al igual que lo ha expresado el excelente equipo que nos representa. Sin embargo, no se debe olvidar que estamos ante un contencioso y que, a pesar de tener de nuestro lado no sólo la certeza moral, sino sólidos argumentos jurídicos, nadie puede estar completamente seguro de cuál va a ser la decisión final.

La Corte, y no le falta razón a la canciller, suele obrar de manera “salomónica”. Y si no cerró el caso en 2007, cuando nos favoreció, siempre existe la posibilidad, por más injusta que sea para el legítimo derecho que le asiste a Colombia, de que se pueda desconocer la plena soberanía que hemos ejercido sobre todo el archipiélago hasta ahora. Creemos que no sería realista afirmar lo contrario.