Estremecimiento institucional

Nada más ni nada menos que presuntos actos de favorecimiento derivados de una supuesta relación con la llamada ‘Oficina de Cobro de Envigado’, una tenebrosa máquina del crimen organizado que tiene en su prontuario un largo listado de asesinatos y cruces de cuentas entre las mafias del narcotráfico, principalmente en Antioquia.

El general (r) Santoyo fue comandante del Gaula de la Policía en Medellín entre 1996 y 1999, y tres años más tarde ofició como jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Contaba con un laureado desempeño en labores antisecuestro que agradecen centenares de familias, pero a la vez con una destitución por parte de la Procuraduría —que luego el Consejo de Estado dejó sin piso— debido a interceptaciones ilegales a defensores de derechos humanos que luego serían amenazados, desaparecidos o asesinados. Pese a ello, obtuvo su derecho a ascender a general por aprobación del Congreso, con el aplastante apoyo de la bancada uribista y la minoritaria oposición de Juan Manuel Galán, Cecilia López, Jesús Piñacué y Alexandra Moreno.

A la par de las responsabilidades políticas que, como es natural, hoy se exige de quienes permitieron y promovieron que llegara tan alto quien ahora es señalado como supuesto cómplice de narcotraficantes y asesinos, y sin desconocer que Santoyo no ha sido aún vencido en un juicio, han trascendido a propósito de su caso numerosas e inquietantes declaraciones de exjefes paramilitares o exoficiales de la Policía, dentro de las averiguaciones que, según se ha conocido, viene adelantando de tiempo atrás la justicia estadounidense bajo el radicado “funcionarios corruptos colombianos”.

Si bien es importante distinguir entre la acusación formal contra el general (r) Santoyo y lo que son apenas declaraciones de bandidos que bien podrían querer manchar la reputación de quienes los persiguieron, lo cierto es que esas declaraciones están ahí, han sido documentadas por las autoridades estadounidenses y ahora, con motivo de la acusación contra Santoyo, se han hecho públicas y tienden un desconcertante manto de duda que no es prudente ni sano dejar sin resolver.

Si hay algo inobjetable, en medio de la tragedia que ha vivido la sociedad colombiana en los últimos tiempos por cuenta de la violencia, es el valor de su Policía Nacional, representada en abnegados oficiales que con todo merecimiento han sido distinguidos a nivel internacional. Nadie duda que, por citar quizás el ejemplo más visible, el último director de la institución, el general (r) Óscar Naranjo Trujillo, ha sido uno de los artífices fundamentales de ese buen nombre del que goza la institución que él ayudó a fortalecer.

Con todo, aun cuando muchas de las acusaciones luzcan fantasiosas, por respeto a la Policía y a sus más reputados oficiales de ayer y de hoy es importante que se investigue hasta la saciedad si, en su expansión criminal, los narcotraficantes o los paramilitares contaron con el apoyo de miembros de la fuerza que desviaron su camino. Una investigación que, por lo demás, no debería ser labor de un sistema judicial extranjero cuando se supone que el colombiano tiene acceso a las mismas pruebas. ¿No fue eso lo que se nos prometió cuando se dio la extradición de los comandantes de las autodefensas?

Dejar en el aire acusaciones tan graves como las que se han conocido —que, de hecho, no se circunscriben a la Policía Nacional— tiene un impacto negativo sobre nuestra institucionalidad, mucho mayor que investigarlas y valorarlas para tranquilidad de la sociedad.