El oscuro camino de una reforma

Era predecible. Santos nos ha enseñado que responde a la presión de la opinión. Y ésta era muy grande. La ciudadanía en pleno, desde tempranas horas, expresó su indignación. Probablemente lo único rescatable de esta reforma fue eso, que demostró que la sociedad, a pesar de lucir dormida la mayoría del tiempo, tiene momentos en que despierta y se queja de los errores de sus gobernantes. El discurso del presidente seguramente no habría sido tan enérgico de no haberse presentado esta oposición unánime.

Sorprendió, sin embargo, lo que salió a decir: “después de un gran esfuerzo de 10 meses de discusión, el Congreso en 10 horas decidió introducir unos cambios que en nada favorecen a la justicia y a la transparencia”. ¡Caramba, presidente! Si los medios y muchas voces desde hace meses veníamos denunciando lo que se venía gestando. Analizamos, uno a uno, los ‘micos’ que el Gobierno no vio sino hasta el último día. Solamente uno de ellos fue introducido de la nada en la conciliación. Y sin embargo, la reforma fue aprobada paso a paso ante la mirada ingenua del hoy exministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, representante solitario del Gobierno en esta batalla, quien hizo bien en renunciar. La responsabilidad política es un peso muy grande que se debe asumir como él lo ha hecho.

Sorprende también el lavado de manos colectivo de los congresistas. Todos se bajan del bus y les echan la culpa a otros, comenzando por quienes dieron su voto aprobatorio. Sus excusas reflejan el lamentable modo en que se tramitan las leyes en este país: a pupitrazo para complacer al Ejecutivo o mirando qué tajada tomar; incluso sin leerla, como confesó, apenas con sonrojo, el presidente de la Cámara, Simón Gaviria.

Al margen de esto, las declaraciones de Santos han dejado un oscuro debate normativo. Debe estar trabajando a todo vapor con su equipo jurídico para extraer de algún lado una respuesta legalmente viable. Un as bajo la manga, que por ahora no vemos. Dice que objeta el proyecto. Ésta es una facultad presidencial para las leyes ordinarias. Otra suerte corren los actos legislativos –como esta reforma– ya que, de acuerdo con lo que ha dicho la Corte Constitucional en profusa jurisprudencia, éstos no requieren para su vigencia de la sanción presidencial. Es decir, no hay campo legal para objetarlos.

Lo que sí es equiparable en ciertos casos es la publicación (en el Diario Oficial), para que la norma sea conocida. Pero esto es la vigencia, no la validez. La reforma ya es válida, ya pertenece al mundo jurídico. ¿Qué hacer para frenar este esperpento? ¿Hundirlo en el Congreso? ¿Con la venía de quién, si el legislativo ya se pronunció de forma contundente? La legislatura ya terminó y la reforma, en efecto y formalmente, ya fue debatida y votada favorablemente.

La movida desesperada de Santos es, pues, una estrategia política. Nada más. Algo tenía que hacer y es positivo que, al menos al borde del abismo, le haya retirado su apoyo. La institucionalidad del país ciertamente está en juego. Pero por bueno que sea el propósito, ella también se afecta si se violentan las normas.

Si las salidas extremas del Gobierno no se acomodan a las vías legales, es mejor desde ya brindar el apoyo a las propuestas que sí lo hacen: el referendo y las demandas ante la Corte Constitucional. Qué embrollo resultó ser esta reforma. Qué grandes preguntas le deja a una sociedad que, por lo pronto, no tiene con esta nueva norma constitucional ningún beneficio.