Rebelión indígena

El departamento está en una situación descontrolada de guerra, producto del descuido en el que el Estado lo ha tenido. Cuántas malas noticias juntas tendremos que soportar provenientes de esta tierra. El conflicto, la guerra, las mafias, todos nuestros males se condensan allí de forma patente.

La furia indígena se ha hecho sentir esta semana. Esto sorprende en un país que, como Colombia, ha sabido aniquilar a su población indígena año tras año. No sólo con su accionar directo, que en parte fue frenado por la Constitución de 1991, sino sobre todo por el abandono y el olvido. En el cerro Las Torres, los indígenas izaron una bandera, símbolo del Consejo Regional Indígena del Cauca, y pidieron que todo aquel que porte un arma se vaya de su territorio: guerrilla, militares, policías. No los quieren ahí, porque están cansados de tanta violencia. Recuerdan a las comunidades de paz que reclamaban lo mismo hace unos años. Ellos, dicen, se encargarán de la seguridad del lugar.

Es entendible esta posición de los indígenas. No podría ser otra la reacción al ver su territorio azotado constantemente por la violencia. Con todo, el Estado colombiano no puede abandonar la protección de sus tierras y menos unas en las que el control ilegal es grande. Hubiera sido una irresponsabilidad histórica e hizo bien el presidente Santos en descartarlo de plano. Tal vez en el futuro, cuando cesen las hostilidades en los niveles intolerables en que se encuentran hoy, pueda pensarse en una comunidad de paz consolidada y manejada por los poseedores de estas tierras. Sería, además, un hermoso experimento. Pero por ahora es una utopía: su complicada geografía, la mimetización de la guerrilla entre la población y el poder casi inexorable del narcotráfico lo hacen más que imposible.

“No vamos a disminuir la guardia un solo minuto”, dijo el presidente en tono algo airado en Toribío. Es su responsabilidad inmediata luego de tanto descuido. Sin embargo, ya en el pasado otros gobiernos han mandado partes de tranquilidad, planes de seguridad, promesas de paz. Y nada perdura ni funciona. Es importante que así como la violencia ha sido sistemática, lo sea también la protección que el Estado pueda brindar. Que no ceda al oportunismo mediático y las caras visibles en los televisores. Que sea más constante.

Pero el Cauca no es sólo violencia y guerra. Esto es tal vez lo que los medios de comunicación más publicitamos, de una forma superficial, pegada a la noticia. En esta región existen problemas más hondos y que acaso simbolizan más la raíz de la guerra: la pobreza en la que vive la mayoría de sus habitantes, la desigualdad rampante, la falta de oportunidades, de educación. El gobernador, Temístocles Ortega, ha pedido no sólo presencia estatal, sino también un plan de inversión social. Esto, probablemente, sea muchísimo más importante. Y por eso, a pesar del ruido de las balas, que se hayan discutido programas de corte social en la visita del presidente y sus ministros es rescatable. Claro, si no era para pasar el chaparrón noticioso.

El deterioro de la institucionalidad del Cauca a lo largo de los años es la causa principal de que todo esto pase. Aparte de la geografía —que tampoco ayuda—, la guerrilla encontró allí un nicho en el cual desplegar su artillería. También el narcotráfico. Si esas dos fuerzas criminales saben permear una sociedad relativamente institucionalizada, las condiciones que allí habitan son un festín.

No más, claman los indígenas. Y eso está muy bien. Ojalá su llamado general sea escuchado. Ya no estamos en los tiempos en donde las palabras y los discursos bastaban. Hacen falta hechos mucho más concretos y duraderos para que no estemos en las mismas en un par de meses.