Se busca defensor

Más allá de sus limitadas facultades para sancionar, su protagonismo debería ser trascendente a la hora de evaluar, prevenir o confrontar las incontables violaciones a los derechos humanos que se suceden una tras otra en el territorio nacional.

Sin embargo, no es así. Hoy la Defensoría del Pueblo parece una institución inofensiva, convertida, más bien, en un frente estatal sujeto a las disputas partidistas para saber qué colectividad se queda con el organismo y su elevada nómina de funcionarios. Aunque posee instancias de primordial importancia como el sistema de alertas tempranas o la dependencia de defensa ciudadana, a todas luces el organismo se ha quedado corto frente a las necesidades de un país que requiere de una alta magistratura para la defensa de las libertades públicas.

Por estos días concluye el largo mandato de Vólmar Pérez al frente de la Defensoría del Pueblo, y al margen de los balances que puedan hacerse de su gestión, que ya habrá tiempo de hacerlos públicos, la tarea inmediata es encontrar a su sucesor. Según las reglas de juego de la Constitución vigente, las postulaciones surgen de la voluntad del Poder Ejecutivo. En otras palabras, corresponde al jefe de Estado presentar una terna de candidatos para que el Congreso decida quién debe ser el nuevo defensor del Pueblo para un período de cuatro años.

Es en esta postulación, entonces, donde radica la trascendencia del caso. Para nadie es un secreto que hoy los partidos políticos hacen cálculos sobre la suerte inmediata de la Defensoría del Pueblo. Que si debe seguir siendo un cargo para los conservadores, que los liberales también aspiran a regentarlo, que otros partidos políticos buscan igualmente que haga parte de su fortín. Lo cierto es que si bien es el Poder Legislativo el que debe determinar quién debe ser el nuevo defensor del Pueblo, las consideraciones principales deberían situarse más allá de la política.

Colombia es un país con notables defensores de derechos humanos, con eximios juristas que por las mismas razones políticas de siempre no han podido ocupar las magistraturas que se merecen. Con probados líderes académicos y sociales que podrían darle a la Defensoría del Pueblo la categoría intelectual y profesional que se merece. Ese rango debería imperar a la hora de la postulación y de la elección. Sin embargo, es claro que la política será decisoria. Pero, si de deber ser se trata, lo que más convendría a un Estado trasparente y pluralista es que el defensor del Pueblo fuera un vigía de los derechos ciudadanos, más allá de las consideraciones políticas.

En conclusión, es mucho lo que se juega Colombia en la designación del titular para un organismo como éste, que no debería ser un agente pasivo de los graves hechos que suceden en el país, sino una voz activa, vertical y despolitizada en favor de la gente. La misma sencilla definición del organismo así lo enuncia: es la misión de defender al pueblo, que al margen de las connotaciones políticas o populistas del vocablo, representa al ciudadano del común, a aquel que no hace parte de los poderes constituidos. Por esos colombianos que esperan todo (y también nada) del Estado, ojalá que la Defensoría del Pueblo quede en las mejores y valientes manos.