Una solución

Mucho menos en un país como éste, que más que un régimen punitivo busca uno de venganza: “que se pudran en la cárcel”, oye uno decir. Cuando los políticos usan estas ansias de venganza para hacer leyes penales que se compadezcan con ellas, surge lo que los sociólogos denominan “populismo punitivo”: buscar réditos políticos subiendo las penas.

Y tienen un éxito arrollador. En Colombia, aun en contra de la doctrina constitucional que nos caracteriza, surgen propuestas ambivalentes que gustan, pero que, a la par, violan derechos: muros de la infamia, cadenas perpetuas, condenas a muerte, cosas así. Por esa misma raigambre de nuestro Estado social de derecho, las propuestas no han tenido éxito.

A la par de estos fenómenos jurídicos están los centros de reclusión: cada tanto oímos de cómo están hacinados, violando sistemáticamente los derechos de los reclusos. Harto tiempo ha pasado desde que la Corte Constitucional se pronunció y dijo que hay un estado de cosas inconstitucional en las prisiones colombianas. ¿Construir más cárceles? Suena razonable a primera vista, pero esa no es una solución acertada ni duradera para prevenir el hacinamiento.

Es una medida paliativa: ya la enfermedad se hará notar más tarde. Revisemos un ejemplo, si es el caso: 7.965 hombres conviven en la cárcel La Modelo de Bogotá, cuando ya se han construido nuevas cárceles. Sobreviven ellos en una cárcel construida para 2.950, con las cañerías desbordándose, las paredes carcomidas y una estructura vulnerable a cualquier sismo.

Se sabe: los reclusos están bajo un régimen de protección, una restricción a su derecho de libertad persona, pero un respeto íntegro a la mayoría de sus otros derechos, que no pueden quedar suspendidos. Por más que le duela a la sociedad conservadora del castigo, esta es una realidad innegable y exigible.

Dentro de todo este mar de malas noticias recibimos con entusiasmo el proyecto que el Gobierno quiere presentar para solventar la situación. Se trata de un nuevo Estatuto Penitenciario que, de aprobarse como viene, sería el más completo del mundo en el tratamiento a los reclusos. Además, cuenta con la participación activa de sectores de la academia que vienen trabajando hace años sobre el tema y que por fin son oídos. A esa cultura revanchista de la sociedad colombiana, que hacina las cárceles, se le viene encima una de entendimiento del sistema punitivo.

Como primera medida porque divide los regímenes: cerrado (24 horas en la cárcel), semicerrado (24 horas en la cárcel con un régimen de visitas mucho más laxo), semiabierto (posibilidad de salir los fines de semana) y abierto (posibilidad de salir durante el día a trabajar y volver en la noche a dormir). Así suene como una excarcelación masiva, que es como lo tildarán, los criterios para otorgar el ingreso a cada uno de los regímenes son muy precisos y tendrán que ver, a grandes rasgos, con el tipo de delitos cometidos, con tiempos, con comportamientos, con monitoreo exhaustivo de la actividad por fuera de la cárcel.

De igual forma, el nuevo Estatuto tendrá un régimen diferenciado para tratar a las mujeres (si son cabezas de familia, si están embarazadas, que era un hueco en la legislación pasada), un tratamiento progresivo para la entrada en cada uno de los regímenes y un tema fundamental: el “certificado de disponibilidad carcelaria” para que el juez, en el momento de imponer una detención preventiva, revise en el sistema si hay lugar en el establecimiento penitenciario para mandar al acusado de su causa. De lo contrario, medidas alternativas, que son a la larga las mejores.

Un nuevo estatuto que contemple la resocialización como meta principal está cerca. El Gobierno no lo ha presentado, pero está en mora. Y el Congreso debe entender, de una vez, que el populismo punitivo le dará votos, pero no un mejor país.