Con la vivienda no se juega

Un lugar seguro en el cual desenvolverse como ser humano reviste, muchas veces, un interés superior al de cualquier otro derecho: el apego a la tierra, el sueño de tener una casa propia, la oportunidad de que la familia crezca en condiciones dignas.

Es por eso que cuando el ministro de la cartera de Vivienda, Germán Vargas Lleras, anunció con bombos y platillos su nueva política de construir 100.000 viviendas de interés prioritario para la población más pobre, se generó una expectativa ciudadana sin precedentes. No es para menos. Es tan sensible el tema que muchos sectores de oposición al Gobierno tildaron esta promesa política de mero populismo: que era una carta de último minuto para salvar la popularidad de Santos. No es así. O cuando menos, no tanto. El ministro Vargas Lleras ha trabajado en este proyecto y su seriedad frente al tema se ha visto, así como su colaboración con las autoridades locales para conseguir lotes para construcción.

Sin embargo, siempre será noticia lo que suceda en Bogotá, una ciudad con sus particularidades propias, con su relación, de igual a igual, frente a las políticas del gobierno nacional. Por un tiempo las discusiones sobre la vivienda de interés prioritario (VIP) avanzaron a todo vapor, sin contratiempos: a finales de mayo, el alcalde de la capital, Gustavo Petro, y el ministro Vargas Lleras acordaron construir 8.100 viviendas para las personas más pobres de Bogotá. Caía como anillo al dedo: el Gobierno cumpliéndole al país y Petro sumando viviendas para propulsar su Plan de Desarrollo. Todo en orden.

La luna de miel duró poco, sin embargo. Debido a que los suelos en Bogotá son bastante escasos, Petro sacó de la manga los predios que ya habían sido dispuestos por las administraciones precedentes a su mandato. Es el caso de Campo Verde, un proyecto de ciudadela de hasta 17 mil viviendas. Pero este predio, de acuerdo con un informe del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, tiene un alto riesgo de inundación: entre el 10% y el 65%. Lo cual no hubiera sido un problema mayor si uno de los planes de mitigación previstos por el Acueducto, el interceptor Tunjuelo-Canoas, no estuviera suspendido gracias a un pronunciamiento que el Consejo de Estado efectuó hace apenas una semana.

Desde entonces todo ha sido una puja política entre el ministro y el alcalde. Y en la mitad el ciudadano, con una expectativa creada, impotente y con la promesa de su casa en veremos. Afanado por entregar resultados, Vargas Lleras atacó a Petro en el Concejo de Bogotá con una frase lapidaria: “Bogotá se quedará sin viviendas para pobres”. El ministro insiste en dos cosas: no aceptar la prórroga que el alcalde pidió para conseguir lotes habitables y que a la capital del país le tocará entrar al programa en su segunda fase. El alcalde no se queda atrás: “No vamos a llevar a los pobres a vivir a áreas inundables”, respondió.

Loable, sí, pero insuficiente en este momento. Porque a pesar de que falten los requisitos técnicos necesarios para adelantar proyectos, al alcalde no se le puede ir la vida oponiéndose a construir cosas.

Se justifica que los suspenda ante un interés mayor a largo plazo, pero, al mismo tiempo, debería ser proactivo en el hallazgo de una solución. El discurso de Petro suena razonable, pero hace falta acción: si se sabe que los suelos disponibles están en manos de privados, ¿dónde están las reuniones con ellos para definir su uso? Si su plan maestro es redensificar el Centro para hacer la ciudad ambientalmente más viable, ¿dónde están las construcciones, los adelantos, en fin, la materialidad de sus propuestas? Ocho meses fueron un tiempo suficiente. Más allá de la puja con el gobierno nacional, que es despreciable en todo sentido —por parte de ambos bandos—, es hora de sentarse a acelerar la estrategia y hacer realidad los avances en una ciudad estancada.