No les ajusta la toga

Aun cuando el insólito comunicado de la Sala Penal solamente especifica la acción legal en contra de Orozco, también “rechaza vehementemente” las opiniones de María Jimena Duzán en su espacio de la revista Semana, por lo cual es dable entender, en la lógica obtusa del comunicado, que también ella está bajo la misma amenaza.

Todo un despropósito. Y no porque los periodistas estemos o pretendamos estar por encima de ley, por supuesto que no. Ciertamente, como dice el comunicado de la Sala Penal de la Corte a manera de escudo protector ante su intolerancia, el derecho fundamental a opinar no es necesariamente superior a “otros derechos, también de origen constitucional, como la dignidad, el buen nombre, la imagen y la honra”. No logramos descifrar cómo las opiniones de Orozco o Duzán hayan podido vulnerar esos “otros derechos”, pero entendemos que es la Fiscalía, y luego un juez, quienes habrán de determinar si así fue.

Pero, ¿habrá un fiscal o un juez que pueda dar las garantías a que tienen derecho las columnistas para su ejercicio periodístico, cuando la demanda proviene de la más alta instancia judicial del país? Ese es en parte el abuso de los magistrados, no solamente su desprecio a la libertad de opinar: el utilizar su poder en la justicia para, a través de ella, intentar abolir la crítica a sus actuaciones.

Ni más faltaba que nos fueran a callar a los periodistas con sus amenazas. Tenemos derecho a sospechar, nosotros también, del estratégico retiro del magistrado auxiliar Iván Velásquez de la coordinación de la comisión que en la Corte de antes ofreció resultados indispensables para el país en el tema de la parapolítica. Tenemos derecho, nosotros también, a entender que los cambios drásticos de jurisprudencia del último tiempo están beneficiando a delincuentes que hasta hace poco tenían en la Corte a un juez implacable, que no cedió a las presiones y la persecución. Puede ser que eso que sospechamos no sea así, ojalá que no lo fuere, pero no es con amenazas de demandas como vamos a ceder nuestro derecho a pedir explicaciones.

La coincidencia entre este ataque a la libertad de prensa y el papel que el periodismo jugó para desvelar las intrigas de varios magistrados durante el penoso trámite de la fallida reforma a la justicia, buscando la ampliación de sus períodos y el aumento en la edad de jubilación, es también muy sospechosa. Y más lo es que precisamente las dos columnistas hoy atacadas hayan sido activas opinadoras sobre el deplorable papel de algunos togados en dicho trámite. Han sido las actuaciones de los magistrados, y no “un inocultable propósito de enlodar sus nombres”, lo que ha dado paso a la imagen de unos magistrados “clientelizados, burocratizados, lagartizados y subordinados al poder del procurador, al que le deben fidelidad y puestos, y al Parlamento, con el que se concertaron para privilegiarse”, como escribió Cecilia Orozco.

¿Están los magistrados pasando una cuenta de cobro tardía porque el periodismo impidió, de la mano de la ciudadanía indignada, que los beneficios que habían negociado para sí en la reforma política se convirtieran en ley? Tenemos derecho a preguntarlo.